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Washington, Estados Unidos.- Una docena de congresistas demócratas estadounidenses, incluyendo varios líderes del Caucus Hispano, demandaron este miércoles ante un juzgado federal a la Administración de Donald Trump, acusándola de negarles el acceso a centros de detención de inmigrantes, supuestamente para evitar la supervisión de las condiciones de los reclusos.
“La obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo un desafío a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia”, afirmó Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, en un comunicado.
“Desde el primer día hemos presenciado los esfuerzos sistemáticos de la Administración Trump por deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles, incluyendo ciudadanos estadounidenses, y emplear las agencias federales como instrumento para llevar a cabo una agenda de deportación masiva fundamentada en la crueldad y el caos”, agregó.
Además, denunció que el Gobierno ha generado “el ambiente idóneo para el abuso y la impunidad” al limitar sistemáticamente las funciones de supervisión.
Según la ley estadounidense, los congresistas tienen el derecho de visitar, sin previo aviso, los centros de detención de inmigrantes. No obstante, los demandantes afirmaron que el Ejecutivo está obstaculizando el acceso de los congresistas a esos centros.
“Tal flagrante desprecio por la ley y el orden constitucional por parte de la Administración Trump requiere una respuesta seria y contundente”, declaró el legislador Joe Neguse, otro de los firmantes de la demanda.
Organizaciones civiles, activistas y políticos estadounidenses han denunciado las condiciones inhumanas que sufren los inmigrantes recluidos en muchos de estos centros, a menudo en condiciones de hacinamiento.
Una de las instalaciones que ha generado más críticas es “Alligator Alcatraz”, inaugurada el pasado 1 de julio en el estado de Florida, con capacidad para tres mil inmigrantes.
Políticos demócratas que la visitaron describieron como “jaulas” el sitio donde duermen los inmigrantes, y alertaron sobre el mal estado de los baños, así como la falta de un sistema para controlar la temperatura, en un momento de mucho calor y humedad en Florida.
Su demanda, presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, coincide con un proceso abierto por la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) de Estados Unidos para distribuir 608 millones de dólares en ayudas a los gobiernos estatales y locales, con el fin de construir nuevos centros de detención para inmigrantes o ampliar la capacidad de los ya existentes.
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