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Diputados debaten las modificaciones al Código Penal en una extensa sesión

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República Dominicana espera un nuevo Código Penal. Duany Núñez.

El proyecto de Ley Orgánica que establece el Código Penal de República Dominicana, fue conocido a la 1:00 de la mañana por la Cámara de Diputados con más de 90 nuevos tipos penales, pero a decir de algunos legisladores, con una gran deuda hacia la mujer, pues excluye dos de las tres causales del aborto. Sí contempla cuando la vida de la madre corre peligro.

La sesión contó con la participación de más de 50 diputados y más de 60 solicitudes de modificaciones, aparte del informe con más de 160 modificaciones que rindió la comisión especial que observó la normativa que llegó la semana pasada.

Las tres causales son cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, y cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.

Durante los debates algunos lamentaron que las tres causales fueran sacadas de la pieza, aunque otros defendieron las exclusiones, tras argumentar que la vida comienza desde la concepción y que la Constitución de la República defiende la vida desde ese momento.

El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, hizo una reseña histórica de los movimientos de la pieza desde 2006, observada por Leonel Fernández, 2014, por Danilo Medina.

Solicitó al presidente Abinader no observar la Ley cuando llegue al Poder Ejecutivo, ya que la normativa es esperada por la sociedad hace dos décadas.

Por primera vez el país contará con un CP netamente dominicano, que su elaboración ha pasado por los mejores abogados y diputados y senadores del país, por eso cuenta con castigos severos para feminicidios, lesa humanidad, el suicidio, el sicariato.

Los daños causados por vehículos de motor calibrando, el castigo al bulling, acumulación de penas, entre otros tipos penales.

Reconoció la labor de los congresistas en 2006, 2014, 2020, así como los legisladores actuales encabezados por el Senado con su presidente Ricardo de Los Santos, así como los senadores y diputados que se fajaron en la comisión bicameral.

Expuso que a la primera dama e hija del presidente Abinader, que los 144 soldados de la Patria (diputados del PRM), se esforzaron mucho para que ese hombre que está sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí.

Por lo tanto, expresó “merecíamos que nos lo dijeran de otra manera”, porque a él y a sus compañeros no les gustó como lo expresaron las damas.

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A los legisladores no les gustó la forma como se dirigieron a ellos, pero que la realidad hay que entenderla y pidió votar con conciencia, porque una mala votación podría dañar el Código.

Pacheco sometió y fue aprobado modificar el párrafo 3 del artículo 13 del informe para que sacerdotes, pastores y lideres religiosos paguen de manera individual cuando cometan una infracción a la Ley, no la institución.

Afirmó que los temas de niñez, feminicidios, las causales posibles, están resueltos en la pieza aprobada, aunque no como muchos quisieran, él incluido, pero no se pudo porque no había votos para ello en el hemiciclo.

La comisión especial

El diputado Wandy Batista, vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de CP y luego presidió la comisión especial que revisó la pieza que llegó del Senado, informó que la normativa sometida al pleno fue el resultado de seis iniciativas de congresistas de ambas cámaras para que saliera la mejor pieza legislativa.

Destacó la inclusión de una gran cantidad de delitos que no existían en la vieja normativa, como las penas por sustancias químicas arrojadas a otras personas, con 30 años de prisión.

Asimismo, establece fórmulas para los presos indigentes que no pueden pagar una multa, como la de prisión de seis meses si el delito es muy grave, pero si la infracción no es muy grave no pasaría más de un mes en prisión.

Batista recordó que la nueva norma entraría en vigencia un año después de ser promulgada, por lo que habrá tiempo para modificarlo, ya que ninguna obra es perfecta. Aunque solicitó el voto favorable de sus colegas, advierte que estarían firmando una sentencia de muerte para la dignidad de la mujer dominicana establecida en el artículo 38 de la Constitución.

“Nos vamos a quedar con una deuda, tarde o temprano tendremos que pagar esa deuda, tener clemencia, piedad, por impedir que una mujer esté siendo afectada y en su dignidad tenga que vivir un suplicio cuando con este código estamos excluyendo las tres causales como un eximente de responsabilidad penal” manifestó.

Informó que el 18 de agosto someterá un proyecto de ley de protección a los derechos reproductivos de la mujer dominicana, para que quienes están opuestos a que el tema fuera incluido en el nuevo código, voten por la pieza.

La diputada Damaris Vásquez se sumó a la posición de su colega Wandy Batista y apoyará el proyecto que someterá en agosto próximo.

Estima que obligar a una mujer o una niña a soportar un embarazo fruto de una violación o incesto, es una forma de violencia institucional.

En ese mismo tenor habló el diputado nacional por Alianza País, Pedro Martínez, quien sostuvo que en realidad el Código Penal sería aprobado dejando una gran deuda con la mujer en la nación.

Código sí cuida a mujer

De su lado, la diputada Nelsa Soraya Suárez, negó que la ley no cuide el derecho a la vida y la reproducción de la mujer, ya que el Congreso ha sido muy ciudadano con el tema.

Leyó una eximente que dice que la interrupción del embarazo practicado por el personal de la salud especializado no será sancionado, si para salvar la vida de la madre, del feto o de ambos en peligro, agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles.

“El facultado para esto es el médico, quien dice si es verdad que la vida de la madre y del niño corre peligro, no yo, Soraya, que no estudió medicina, usted no estudió medicina”, dijo.

Expuso que la concepción, el respeto a la vida, como reza el artículo 37 de la Constitución, es desde la concepción hasta la muerte natural, pero con una eximente, que libra de toda responsabilidad al médico, a la madre, a la familia, cuando la vida de la mujer o del niño corre peligro.

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