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Se refiere a los acusados Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo Peralta, a quienes el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, igual que a los demás arrestados por el caso. La banda criminal tenía su base de operaciones en Bonao.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, postergó para este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el presunto cabecilla de la estructura, su pareja y otros imputados, señalados en el expediente como responsables de defraudar con más de siete millones de pesos a una entidad financiera.
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Los imputados son: Fredery García Ortiz, supuesto líder de la red; su pareja María Carolina Durán Tavárez; y los coimputados Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango). El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Con la entrega de Veloz Rojas y Polo Peralta, suman diez los acusados bajo control del órgano acusador, mientras que 53 personas permanecen prófugas.
Según la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que esta estructura delictiva operó desde el 26 de marzo de 2023 hasta su desmantelamiento. De acuerdo con la investigación, empleaban un elaborado modus operandi para ejecutar los fraudes bancarios y el robo de identidad.
La red operaba principalmente desde la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., propiedad de García Ortiz y su pareja, usada como fachada para actividades ilícitas vinculadas al fraude financiero.
A los integrantes de la estructura se les imputan los delitos de asociación de malhechores, violaciones a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, lavado de activos, entre otros.
Los imputados Veloz Rojas y Polo Peralta, junto al prófugo Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), eran los encargados de reclutar personas en la región norte para abrir cuentas digitales a nombre de terceros. Estas cuentas eran usadas para recibir fondos fraudulentos enviados por otros miembros de la red. Además, participaban en el robo de identidad y en el acceso ilícito a los perfiles de clientes de la entidad financiera afectada.
El Ministerio Público, en coordinación con agentes policiales, continúa la persecución de los implicados que aún se encuentran prófugos, con el objetivo de someterlos a la justicia por los hechos que se les imputan.
