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Nueva York. – Mahmoud Khalil, activista palestino y antiguo alumno de la Universidad de Columbia, presentó este jueves una demanda por 20 millones de dólares (aproximadamente 17 millones de euros) por daños y perjuicios contra la Administración Trump, a la que acusa de detención ilegal y persecución motivadas por su participación en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza.
Khalil, liberado el pasado 20 de junio tras estar más de 100 días en un centro de detención migratoria en Luisiana, afirma que agentes federales vestidos de civil lo arrestaron el 8 de marzo, sin mostrar una orden judicial y abusando de él de manera “inconstitucional”.
Según la demanda, fue trasladado a un centro en Luisiana, cuyo paradero se ocultó a su familia y abogados, y durante su reclusión se le negó medicación, lo obligaron a dormir bajo luces fluorescentes y recibió comida en mal estado, lo que le hizo perder siete kilos.
La demanda señala directamente como responsables a Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Khalil fue privado de libertad y los funcionarios del ICE llevaron a cabo un arresto ilegítimo y sin órdenes en su domicilio. Posteriormente lo esposaron, le pusieron grilletes y lo transportaron desde Nueva York a Luisiana”, detalla el texto de la demanda.
Ese trato causó en el activista “grave estrés emocional, daño económico y perjuicio a su reputación, por lo que el señor Khalil busca una indemnización para resarcir lo sufrido”.
Khalil ha declarado que, de recibir una compensación, la compartirá con otras personas afectadas, víctimas de lo que llamó un intento fallido de la Administración Trump de reprimir la libertad de expresión en apoyo al pueblo palestino.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda de “absurda” y acusó a Khalil de “retórica de odio” contra estudiantes judíos, pese a que él siempre hizo distinción entre judíos y el Estado de Israel.
A Khalil lo liberaron tras la orden de un juez federal de Nueva Jersey, que consideró inconstitucional su detención por motivos de política exterior, aunque el Gobierno mantiene nuevas acusaciones sobre supuestas irregularidades en su solicitud de residencia permanente.
