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La Ley ahora aguarda la firma del presidente Luis Abinader, esperando su promulgación en los próximos 10 días.
El Senado de la República aprobó este miércoles, en una sola lectura, el proyecto de ley para establecer el Ministerio de Justicia, con la finalidad de asignarle las competencias administrativas del sistema judicial.
De esta manera, la pieza se convirtió en ley, quedando a la espera de su promulgación en los próximos 10 días por el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Luis Abinader.
Pese a las medidas de austeridad que implementa el gobierno actual, esta decisión del Poder Legislativo, representado mayoritariamente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), añadiría un ministerio a los 23 ya existentes.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido — en ese momento identificado como Secretaría de Justicia — transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez es más evidente la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolas de funciones “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del sistema penitenciario nacional, el apoyo científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
El Ministerio de Justicia sería añadido a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país.
Entre estos se encuentran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores previeron la integración de cinco viceministerios para asegurar el funcionamiento institucional.
Estos son: el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia; de Representación Judicial y Extrajudicial; de Políticas Penitenciarias y Correccionales; así como de Asuntos Registrales, Políticas Públicas contra la Criminalidad, Derechos Humanos y Servicios a la Ciudadanía.
Asimismo, el documento establece que el titular de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no podrá desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
Los diputados Jorge Leonardo Tavares, Carlos de Pérez y José Jiménez presentaron en la sesión celebrada ayer un informe disidente en representación de la bancada política de la Fuerza del Pueblo para argumentar que es innecesario instituir este órgano gubernamental.
“Es innecesaria desde el punto de vista funcional y administrativo, pues las competencias que se pretende centralizar ya están adecuadamente distribuidas entre órganos constitucionales y especializados”, indicaron los congresistas en el documento, buscando evitar que la pieza fuera enviada al Senado. Sin embargo, estos representantes no lograron su objetivo.
Además argumentaron que provocaría “serios riesgos de inconstitucionalidad” al infringir disposiciones claras de la Carta Magna sobre distribución de competencias, jerarquía normativa y autonomía institucional.
“Es contraproducente para el fortalecimiento del sistema de justicia, al desarticular estructuras ya consolidadas y reemplazarlas por entidades nuevas sin garantías de eficacia ni independencia”, aseveran.
Los representantes afirmaron que esta propuesta resulta contraria a la lógica de austeridad promovida por el Gobierno liderado por el presidente Luis Abinader, al implicar la creación de una nueva estructura con alto costo operativo.
“Genera duplicidades y superposiciones funcionales con instituciones existentes, tales como el Ministerio Público, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo”, puntualizan.
Sin embargo, estos diputados manifestaron su oposición a un proyecto de ley que fue elaborado por un senador perteneciente al partido político al cual pertenecen, la Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron respaldar la iniciativa.
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