Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público consiguió las declaraciones de varias ciudadanas colombianas, víctimas de explotación sexual, relacionadas con la red de trata de personas desarticulada en el caso Begonias.
Estas declaraciones serán presentadas como pruebas en la audiencia de solicitud de medida de coerción, junto con más de 320 evidencias recolectadas contra los imputados.
Esto ocurrió después de que la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, ordenara un anticipo de pruebas, un mecanismo legal que asegura la incorporación oportuna de testimonios en un proceso penal.
Le recomendamos: Red de trata caso Begonias ofrecía servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web
La magistrada conocerá este lunes en horas de la tarde la solicitud de medida de coerción contra los imputados: los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (alias Johan), Wilson Pérez Duque (alias El Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa, Ariel Alfredo Soto Madrigal (alias El Gordo); y las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chía Gélvez, Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (alias Cristal).
A los acusados se les imputa asociación de malhechores, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos, entre otros cargos.
Según la solicitud de medida de coerción, los miembros de la red mantenían encerradas a más de 20 mujeres colombianas en una vivienda ubicada en el Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. Desde ese lugar y otros inmuebles controlados por la estructura criminal, las víctimas eran amenazadas con armas de fuego y forzadas a ejercer trabajos sexuales para saldar supuestas deudas de entre 3,000 y 4,000 dólares, originadas por su traslado desde Colombia.
Las mujeres eran obligadas a pagar dichas sumas con la promesa de recuperar su libertad. Para ejercer presión, los captores les retenían los documentos y las amenazaban con hacer daño a sus familiares en Colombia.
La procuradora de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Yoanna Bejarán, coordina un equipo de fiscales que trabaja activamente en el combate a las redes criminales dedicadas a esta actividad ilícita, logrando desmantelar varias estructuras, como las relacionadas con la red Catleya, entre otras.
Agregar Comentario