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ESTADOS UNIDOS.- El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que ha residido en Maryland por más de diez años, ha detonado una batalla legal que saca a la luz las tensiones en la política migratoria de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.
Abrego García, actualmente retenido en Tennessee, enfrenta cargos por presunto tráfico de personas. Fue arrestado en 2022 durante un control de tránsito donde transportaba a nueve pasajeros sin equipaje. Él se declara inocente y sus abogados tildan las acusaciones de “descabelladas”.
En una audiencia federal en Maryland, Thomas Giles, un oficial de ICE, admitió que la agencia está considerando deportar a Abrego García a México o Sudán del Sur, si fuera puesto en libertad.
Giles explicó que, si Abrego García expresara temor de ser enviado a esos países, tendría derecho a una entrevista de “miedo creíble” antes del vuelo. No obstante, reconoció que este proceso podría ocurrir en cuestión de “minutos o segundos” antes de la salida.
El gobierno estadounidense aún no ha decidido formalmente si reactivará el proceso para deportarlo a El Salvador, país al que ya fue expulsado en marzo pasado, o si buscará un tercer país.
En marzo, la administración Trump deportó a Abrego García a El Salvador a pesar de una orden judicial de 2019 que lo protegía por riesgo de persecución por pandillas. Tras la presión pública y una orden de la Corte Suprema de EE. UU., el gobierno lo reingresó para que enfrentara el juicio pendiente.
Durante su detención en la llamada “megacárcel” salvadoreña, los abogados de Abrego García denunciaron que fue golpeado y sometido a tortura psicológica, acusación que el presidente Nayib Bukele ha negado.
El Departamento de Justicia sostiene que Abrego García representa un peligro, ya que el gobierno de Trump lo acusó de pertenecer a la MS-13, aunque nunca ha sido formalmente imputado por ese cargo y él lo ha negado reiteradamente.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el pasado 24 de junio que México no es ni será “tercer país seguro” para recibir migrantes expulsados por Estados Unidos.
“México no ha firmado nada de eso”, aclaró Sheinbaum, agregando que en casos humanitarios México actúa respetando los derechos humanos y facilitando el retorno a países de origen cuando así lo solicitan los migrantes.
La mandataria subrayó que Estados Unidos tiene acuerdos de repatriación directa con la mayoría de los países, por lo que no necesita pasar por México para deportar personas, incluso hacia África.
Dada la trayectoria del caso, la defensa de Abrego García solicitó a la jueza federal Paula Xinis que ordene al gobierno notificar con 72 horas de antelación cualquier intento de deportación. Argumentaron que ese plazo permitiría buscar recursos legales para evitar que su cliente sea “enviado a un país desconocido donde podría ser torturado”.
La jueza no emitió un veredicto inmediato, pero criticó fuertemente la falta de claridad del gobierno:
“Desde el primer día han destruido cualquier presunción de regularidad; no puedo asumir nada en un caso tan irregular”, expresó Xinis.
Durante la audiencia, Xinis cuestionó por qué ICE no ha especificado cómo garantizará el debido proceso. Calificó el testimonio de Giles como un “insulto a la inteligencia” y advirtió que, dada la deportación previa ilegal, el caso exige un manejo “extraordinario”.
El Departamento de Justicia respondió que la decisión de deportar a Abrego García la tomará un oficial de ICE, como en cualquier otro caso. La jueza replicó que esa respuesta “debilita” aún más la postura del gobierno.
Un juez federal en Tennessee podría poner en libertad a Abrego García la semana próxima, aunque el gobierno busca que permanezca detenido hasta el 16 de julio, fecha de la próxima audiencia en Nashville.
Mientras tanto, la demanda interpuesta por la esposa de Abrego García para impedir una nueva deportación sigue su curso en Maryland.
