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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison, presentaron una querella penal, constituyéndose como actores civiles, contra la empresa Dekolor, S.R.L, y sus principales directivos, Rogelio y Sandra Oruña, por supuestos intentos de soborno, amenazas y entrega de dinero a personal de la institución.
La entidad y su director explican, a través de un comunicado de prensa, que el propósito de los Oruña con tales acciones era conseguir la extensión de un contrato estatal ya vencido que había sido asignado a Dekolor para la instalación y gestión del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir a nivel nacional.
Señalan que el contrato original, firmado en enero de 2020 por cinco años, comprendía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la gestión tecnológica completa del sistema de licencias.
Afirman que, a pesar de haber sido modificado tres veces mediante adendas no aprobadas por el consejo, la empresa intentaba ampliar su validez sin un proceso competitivo, ejerciendo presión de manera ilegal sobre la actual dirección institucional.
“Con esa finalidad, la empresa ofrecía sumas de dinero “de hasta USD 1 millón y RD$3 millones mensuales, amenazas personales, presión institucional, y dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant”, señala Morrison en el documento enviado a los medios.
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