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Washington.- La administración del presidente Donald Trump ha ordenado la eliminación de las audiencias de fianza para todos los indocumentados detenidos, una medida que podría mantenerlos encarcelados por meses o incluso años mientras sus casos de deportación avanzan. Así lo revela un memorando oficial citado por The Washington Post.
Mediante una directiva emitida el pasado 8 de julio, Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), instruyó a sus oficiales que los indocumentados arrestados en el interior del país deberían permanecer bajo custodia “mientras dure su proceso de deportación”.
Hasta ahora, solo los migrantes aprehendidos tras cruzar la frontera eran detenidos sin derecho a fianza. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, solamente a nueve extranjeros que ingresaron de forma indocumentada se les ha permitido luchar por sus casos bajo libertad condicional.
El documento, al que tuvo acceso el rotativo capitalino, detalla que Lyons afirmó que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ) habían “revisado su postura legal” sobre la política de detención y liberación de inmigrantes.
Como resultado, determinaron que los indocumentados, sin importar dónde hubieran sido detenidos o cuánto tiempo llevaran viviendo en el país, “no podían ser liberados de la custodia de ICE”.
Asimismo, el director de ICE ya no dejará la decisión de otorgar la libertad bajo fianza a un juez, sino a un oficial de inmigración, lo que reduce drásticamente las posibilidades de obtenerla. Lyons admitió que, previsiblemente, la nueva directriz será impugnada en los tribunales, según el periódico.
La preocupación ha aumentado entre los defensores de los inmigrantes tras conocerse esta nueva directriz. Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal), declaró a EFE que ya ha observado un incremento en las denegaciones de fianzas emitidas por los jueces. Con esta discreción recayendo en los agentes de ICE, Romo advierte que “será prácticamente imposible” que los inmigrantes puedan pelear sus casos en libertad.
A esta situación se suma el atasco en los tribunales de inmigración, con cerca de 3.5 millones de casos pendientes, lo que representa un enorme desafío para los migrantes, quienes podrían esperar meses o incluso años para ver a un juez.
“Lo que busca el Gobierno es desalentar a los inmigrantes a presentar sus casos, especialmente aquellos que llevan años y deberían tener su oportunidad en corte; quieren que acepten la deportación rápida”, indicó Romo.
Por su parte, Aaron Reichlin-Melnick, abogado experto en migración en el American Immigration Council, criticó duramente la nueva directriz. Señaló que, a pesar de que el mandatario estadounidense y el Partido Republicano criticaron la interpretación de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) sobre la política de detención y liberación de inmigrantes, “ahora Trump está haciendo lo mismo”.
Esta directriz se produce poco después de la aprobación de una ley presupuestaria que otorgó a ICE 45,000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención a 100,000 camas por día.
Además, estados como Florida han expandido contratos de detención, incluyendo el controvertido centro conocido como “Alligator Alcatraz” (Alcatraz Caimán), situado al oeste de Miami en un humedal.
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