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Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este miércoles, por ahora, la suspensión de la controvertida ley SB 4-C de Florida, una de las normativas estatales más severas del país contra los inmigrantes, dado que convierte en un delito estatal la entrada de personas sin documentos al estado.
En una orden sin mayor explicación, la Corte rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de anular el bloqueo que ordenó un tribunal inferior para la ley, la cual criminaliza a inmigrantes indocumentados que lleguen de otros estados, lo que permite a la policía estatal arrestarlos.
Uthmeier solicitó a la Corte Suprema que interviniera después de que la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, declarara al fiscal de Florida en desacato por no acatar su orden del 18 de abril, que suspendía temporalmente la aplicación de la SB 4-C, impulsada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
La máxima corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, pero la jueza Williams argumentó inicialmente que la legislación “es probablemente inconstitucional”, por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.
La ley permite el arresto y encarcelamiento de individuos en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlos en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.
Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varios afectados interpusieron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal.
La normativa se ha transformado en un símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, ya que otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión final de la Corte Suprema impactaría más allá de Florida.
Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de nacidos en el extranjero, pero este estado ha sido líder en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump, ya que DeSantis ha aprobado leyes que obligan a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
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