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CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- En un veredicto que representa un hito en la política migratoria reciente, una jueza federal de California ha ordenado la suspensión provisional de las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) venía realizando en varias comunidades del estado desde junio.
La resolución surge a raíz de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en representación de ciudadanos y gobiernos locales que denunciaron abusos por parte de las autoridades migratorias. Desde el 6 de junio, el condado de Los Ángeles ha gastado más de 9 millones de dólares en gastos extra, incluyendo horas extras en seguridad pública y pérdidas en ingresos fiscales.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal del Distrito Central de California, fue contundente en su dictamen y estableció que cualquier detención debe cumplir con los principios de la Cuarta Enmienda, que prohíbe arrestos arbitrarios. Esto significa que ICE no podrá detener a ninguna persona sin una sospecha fundada de que reside en el país sin autorización legal.
Además, emitió dos órdenes esenciales:
En su fallo, Frimpong criticó severamente los métodos empleados por las autoridades federales. Dejó claro que los agentes no pueden basarse exclusivamente en factores como la raza, el idioma o el acento de una persona para detenerla. También se prohíbe realizar arrestos en lugares estigmatizados, como lavaderos de autos, granjas o paradas de jornaleros.
Estas prácticas, según ACLU, eran empleadas sistemáticamente por ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP).
“Sin importar el color de su piel o el idioma que hablen, todas las personas tienen derechos constitucionales que las protegen de detenciones ilegales”, recalcó el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras el fiscal federal Bill Essayli defendió las acciones de ICE y aseguró que “los agentes seguirán aplicando la ley respetando la Constitución”, desde el gobierno de California la respuesta fue diametralmente opuesta.
La demanda fue apoyada por una amplia coalición de ciudades, incluyendo Culver City, Santa Mónica, Pasadena, West Hollywood y otras. Todas coinciden en que las redadas no solo vulneran derechos individuales, sino que también infringen la soberanía judicial de los estados.
Las redadas han conllevado consecuencias económicas significativas; solo en el condado de Los Ángeles, los costos adicionales ascienden a 9 millones de dólares, una cifra que, según las autoridades locales, recuerda el nivel de gasto público observado durante la pandemia.
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