Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
ATLANTA (AP) — Las autoridades de inmigración están demandando que los dueños de propiedades entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, documentos de identificación y más información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha fijado su atención en ellos para ayudar en su campaña de deportaciones masivas.
Eric Teusink, un abogado de bienes raíces del área de Atlanta, indicó que varios de sus clientes recibieron recientemente cartas pidiendo documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
El “requerimiento de información” de dos páginas, que Teusink compartió en exclusiva con The Associated Press, también solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendatario. Una de ellas, con fecha del 1 de mayo, está firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no lleva la firma de un juez.
No está claro cuántos requerimientos se han emitido, pero los documentos podrían indicar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para ubicar a individuos que están en el país sin permiso de residencia, muchos de los cuales debieron proporcionar a las autoridades sus direcciones en Estados Unidos como condición para entrar inicialmente al país sin visa. El presidente, Donald Trump, finalizó en gran medida el permiso temporal para las personas a las que se permitió la entrada durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias dudas legales porque no están firmadas por un juez y que, si los dueños de propiedades las acatan, podrían arriesgarse a infringir la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.
Los críticos también señalan que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha sido ordenado por un juez, mientras que la persona cuya información se solicita quizás nunca se entere de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.
“El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia la ley de vivienda. “Solo porque un dueño de propiedad reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima”.
Los agentes de ICE han usado desde hace tiempo citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para tratar de entrar a los hogares. Grupos de defensa han lanzado campañas de “Conozca sus derechos” instando a las personas a negar la entrada si no están firmadas por un juez.
El requerimiento revisado por la AP procede de la dirección de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, que, al igual que ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque no está firmado por un juez, amenaza con que un juez podría declarar a un propietario en desacato al tribunal por no obedecer.
Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el envío de requerimientos a los dueños de propiedades, sin confirmar si se están emitiendo.
“No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en relación con investigaciones en curso”, dijo McLaughlin. “Sin embargo, es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ignorarse sin más. El ICE está facultado para obtener registros o testimonios mediante autoridades específicas de requerimiento administrativo. El incumplimiento de un requerimiento administrativo emitido por el ICE puede acarrear serias sanciones legales. Los medios deben dejar de difundir estas mentiras”.
Teusink dijo que muchos de sus clientes administran propiedades multifamiliares y están acostumbrados a recibir citaciones por otras razones, como solicitudes para entregar grabaciones de vigilancia o permitir el acceso a la policía local a una propiedad como parte de una investigación. Sin embargo, hizo notar, que esas solicitudes sí están firmadas por un juez.
Teusink manifestó que sus clientes estaban confundidos por los últimos requerimientos. Después de consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas son básicamente solo un funcionario haciendo una solicitud.
“Parecía que estaban en una expedición de pesca”, dijo Teusink.
La abogada de bienes raíces de Boston Jordana Roubicek Greenman dijo que un cliente propietario suyo recibió un vago mensaje de voz de un funcionario de ICE el mes pasado solicitando información sobre un inquilino. Otros abogados locales le dijeron que sus clientes habían recibido mensajes similares. Ella le recomendó a su cliente no devolver la llamada.
Anthony Luna, director general de Coastline Equity, una empresa de administración de propiedades comerciales y multifamiliares que gestiona alrededor de 1.000 unidades en el área de Los Ángeles, dijo que los administradores de propiedades comenzaron a contactarlo hace unas semanas por inquietudes de inquilinos que oyeron rumores sobre los requerimientos del ICE. La mayoría no planea acatarlas si las reciben.
“Si están buscando criminales, ¿por qué no están revisando documentos judiciales?”, dijo Luna. “¿Por qué necesitan archivos de proveedores de vivienda?”.
Los requerimientos del ICE precedieron al primer mandato de Trump en el cargo, aunque aumentaron de manera significativa durante su gobierno, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, quien ha pasado años documentándolas. Sin embargo, los dueños de propiedades rara vez las recibían. Los destinatarios más comunes eran la policía estatal y local.
El ICE puede hacer cumplir las solicitudes, pero primero tendría que presentar una demanda en un tribunal federal y que un juez apruebe su ejecución, un paso que permitiría al destinatario de la solicitud oponerse, dijo Nash. Ella dijo que los destinatarios a menudo obedecen sin informar a la persona cuyos registros se están divulgando.
“Mucha gente ve estos requerimientos, piensa que parecen oficiales, piensa que parte del lenguaje en ellas suena amenazante, y por lo tanto responden, incluso cuando, por lo que puedo decir, parece que algunas de estas citaciones han sido demasiado amplias”, dijo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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