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MIAMI, Estados Unidos. – Este 11 de julio, al cumplirse el cuarto aniversario de las masivas protestas del 11J, periodistas de CubaNet fueron blanco de nuevas acciones represivas por parte de las autoridades cubanas.
Los reporteros Camila Acosta y Vladimir Turró Páez fueron sitiados en sus domicilios por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado. La medida les impidió salir a la calle durante la jornada conmemorativa.
Igualmente, el colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa denunció que su vivienda fue rodeada por efectivos policiales. No obstante, aclaró que había logrado salir antes de que comenzara el operativo, y que actualmente se encuentra en un lugar seguro cuyo paradero no ha revelado.
Las acciones policiales ocurren en un contexto de vigilancia e intimidación dirigido también a exprisioneros del 11J. Este jueves, Denis Hernández Ramírez y Omar Hernández Calzadilla, ambos excarcelados en enero pasado tras un acuerdo entre el Gobierno cubano y el Vaticano, fueron citados para comparecer en la estación de la PNR de San Antonio de los Baños.
Según declaraciones ofrecidas a CubaNet, los dos jóvenes se habían reunido esa misma mañana con otros tres manifestantes del 11J en el Parque de la Iglesia, lugar donde se originó la protesta en su municipio. “Nos reunimos de casualidad y nos dio por hacernos una fotico en el Parque de la Iglesia, ahí donde empezó la manifestación el 11 de julio en toda Cuba”, explicó Hernández Ramírez.
Añadió que aprovecharon la ocasión para vestirse de blanco, gesto que pudo ser interpretado por las autoridades como un acto de protesta simbólica: “Buscamos un pulóver, nos vestimos de blanco… y se empezó a llenar el parque de ‘segurosos'”. Poco después, oficiales de la Seguridad del Estado los amenazaron con revocar su libertad condicional si difundían la imagen. “La íbamos a publicar, pero no sé de qué manera se enteraron… y empezaron a llamar: ‘Si publican la foto van revocados los cinco'”, relató Hernández.
Las citaciones, los cercos policiales y las amenazas se producen en paralelo al mensaje oficial difundido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, que ha generado indignación entre muchos cubanos. “Cuba está firme”, escribió el gobernante en redes sociales, donde también intentó exaltar el supuesto “espíritu combativo” del pueblo y la continuidad del proyecto revolucionario.
“Somos un pueblo que sabe pelear; por tener la fibra de los cimarrones y mambises (…) por ser hijos de una Revolución hecha a golpe de inteligencia y coraje”, afirmó, sin hacer mención alguna a las detenciones masivas, los procesos judiciales irregulares ni a los centenares de presos políticos que aún cumplen condena por su participación en las manifestaciones de 2021.
El 11 de julio de ese año, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles en decenas de localidades del país, exigiendo libertad, mejoras en las condiciones de vida y el fin del autoritarismo. Ese mismo día, en cadena nacional, Díaz-Canel pronunció una frase que quedaría asociada a la represión que siguió a las protestas: “La orden de combate está dada”.
Desde entonces, cientos de manifestantes han recibido condenas severas tras juicios sumarísimos, sin garantías procesales. Sus familias han enfrentado la separación prolongada y una situación de precariedad agravada por la represión. Mientras tanto, la narrativa oficial sigue exaltando la resistencia del régimen, sin reconocer las causas estructurales del malestar social que desencadenó el 11J.
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