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EE. UU. sanciona a Díaz-Canel y altos cargos cubanos por vulneraciones de derechos humanos. Se limitan visados y se prohíben bienes, incrementando la presión internacional sobre Cuba.
El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, reiteró este viernes el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos en Cuba, tras anunciar la imposición de sanciones contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del régimen.
“Estamos restringiendo las visas de figuras clave del régimen cubano”, escribió Rubio en la red social X, refiriéndose a Díaz-Canel, al ministro de Defensa Álvaro López Miera y al ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas.
La declaración de Rubio se produce en el contexto del cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir libertad y fueron duramente reprimidos.
El Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada a Estados Unidos para los tres funcionarios mencionados, así como para sus familiares directos, por su participación en graves violaciones de derechos humanos.
Las sanciones se basan en una disposición de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el año fiscal 2025, que impide el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios extranjeros involucrados en corrupción o represión.
Según Rubio, estas acciones buscan responsabilizar a “los mandamases del régimen” por “su papel en la brutalidad contra el pueblo cubano”.
Además de las restricciones de visado, el Departamento de Estado incluyó la Torre K, un hotel de lujo recientemente inaugurado en La Habana, y otras 10 propiedades vinculadas al conglomerado militar GAESA, en su Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba.
“Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen derrocha dinero en sus allegados”, denunció Rubio en su publicación.
Estas sanciones se suman a medidas previas impuestas por Joe Biden, que ya había designado a López Miera y Álvarez Casas por su papel en la represión del 11J. Organizaciones como Justicia 11J han documentado más de 1,500 detenciones vinculadas a las protestas, muchas de ellas seguidas por juicios sumarísimos y largas condenas.
Por el momento, la reacción oficial del gobierno cubano no ha sido difundida, aunque históricamente La Habana ha rechazado este tipo de sanciones calificándolas de injerencistas.
La presión internacional por la situación de los derechos humanos en Cuba sigue aumentando.
