Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Más de 20 estados, mayoritariamente gobernados por demócratas, interpusieron el martes una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, impugnando sus esfuerzos por reducir los pagos de Medicaid al mayor proveedor de abortos del país, Planned Parenthood.
La acción legal es una respuesta al paquete de recortes fiscales y de gastos que el presidente Donald Trump promulgó a inicios de este mes. Los nuevos recortes se enfocan en servicios como exámenes y pruebas de detección de cáncer, control de la natalidad y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, al finalizar los reembolsos de Medicaid durante un año para los principales proveedores de servicios de planificación familiar.
Los recortes se aplican a entidades que recibieron más de 800.000 dólares de Medicaid en 2023. El objetivo era Planned Parenthood, pero la legislación también afectó a un importante proveedor médico en Maine.
California, Nueva York, Washington D.C., Connecticut y otros estados argumentan en una demanda presentada ante el tribunal federal de Massachusetts que la redacción de la disposición es imprecisa sobre a qué grupos se aplica. También afirman que se toman represalias contra Planned Parenthood por abogar por el acceso al aborto, violando la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Los estados solicitan que la parte de la ley sea bloqueada y declarada inconstitucional.
Los recortes amenazan el acceso a la atención médica para muchos estadounidenses de bajos ingresos, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa.
“Este ataque no solo concierne al aborto”, manifestó el demócrata. “Se trata de negar a las comunidades vulnerables el acceso a la atención que necesitan a diario”.
Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, nombrado como demandado en la querella, defendió la disposición.
“Los estados no deberían verse obligados a financiar organizaciones que han optado por la defensa política sobre la atención al paciente”, afirmó el portavoz Andrew G. Nixon en un correo electrónico. “Es lamentable que estos fiscales generales demócratas busquen socavar la flexibilidad estatal y desestimar preocupaciones de larga data sobre la rendición de cuentas”.
Maine Family Planning, que opera 18 clínicas que ofrecen una variedad de servicios en todo el estado, y la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos presentaron demandas separadas a principios de este año, cuestionando los recortes. Planned Parenthood indicó que, aunque no se le menciona explícitamente en la ley, la disposición estaba destinada a impactar sus casi 600 centros en 48 estados. Aproximadamente un tercio de esas clínicas corre el riesgo de cerrar debido a la ley, lo que privaría de atención a más de 1 millón de pacientes, argumenta el grupo.
Un juez federal falló el lunes que las clínicas de Planned Parenthood en todo el país deben seguir recibiendo reembolsos de Medicaid.
Maine Family Planning señaló que contaba con suficientes fondos en sus reservas para continuar atendiendo a pacientes cubiertos por Medicaid sin reembolsos solo hasta octubre. Alrededor de la mitad de los pacientes del grupo que no buscan abortos están inscritos en Medicaid.
La demanda de los estados presentada el martes argumenta que al empujar a las clínicas de Planned Parenthood a cerrar o recortar servicios, podrían aumentar los costos de atención médica de los estados a largo plazo. Alternativamente, los recortes obligarán a los estados a usar sus propios fondos para mantener abiertos los centros de salud.
“O bien tenemos que cumplir y violar los derechos constitucionales de Planned Parenthood y luego dirigir a las personas a proveedores alternativos que no existen, que no tienen la capacidad de asumir la carga, o tenemos que gastar más de seis millones de dólares o más para cubrir (esos servicios)”, declaró William Tong, fiscal general demócrata de Connecticut.
La ley federal ya prohíbe que el dinero de los contribuyentes cubra la mayoría de los abortos, pero algunos conservadores argumentan que los proveedores de abortos usan el dinero de Medicaid para otros servicios de salud, a fin de subsidiar el aborto.
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La periodista de The Associated Press Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyó a este despacho.
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Austin es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. Sigue a Austin en X: @sophieadanna
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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