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Weslaco. Conforme el gobierno de Trump intensifica las deportaciones a nivel nacional, algunos migrantes, entre ellos muchos que han residido en el extremo sur de Texas por décadas, se resisten a abandonar sus hogares, incluso para recibir la atención médica necesaria.
En estos tiempos, Juanita reza cada vez que sale de la entrada de su humilde casa rural. La madre de 41 años, que cruzó a Estados Unidos desde México hace más de veinte años y se casó con un carpintero estadounidense, teme que agentes federales la estén buscando.
Cuando se disponía a ir a la farmacia a finales del mes anterior, su esposo la llamó con una advertencia desesperada: agentes de inmigración estaban atestando el estacionamiento de la tienda. Juanita, prediabética, no pudo surtir los medicamentos que tratan sus deficiencias nutricionales. Tampoco podía arriesgarse a ser detenida, ya que debe cuidar a su hija de 17 años, con síndrome de Down.
“Si me atrapan, ¿quién cuidará a mi hija?”, pregunta Juanita en español a través de un intérprete. Algunas personas citadas en este artículo solicitaron que The Associated Press solo publicara sus nombres de pila, debido a la preocupación por su situación migratoria.
Escondidos tras las plazas comerciales de un piso junto a las autopistas, las taquerías de carretera y los amplios huertos de cítricos que se extienden a lo largo de 256 kilómetros del Valle del Río Grande, se encuentran personas como Juanita, que necesitan atención médica crucial en una de las regiones más pobres y con más problemas de salud del país.
Funcionarios de la Casa Blanca ordenaron a los agentes federales que no omitieran ningún lugar (incluidos hospitales e iglesias) en su esfuerzo por expulsar a 1 millón de migrantes antes de fin de año. Esos agentes también revisan las bases de datos de registros médicos más amplias del gobierno federal para encontrar indocumentados que podrían estar en Estados Unidos sin autorización legal.
