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Washington, Estados Unidos.- Una coalición de unos veinte fiscales generales presentó este lunes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por exigir que los estados entreguen datos personales de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocido como cupones de alimentos. Los fiscales aseguran que esta medida es una herramienta para perseguir a inmigrantes.
La demanda, presentada en California, es en respuesta a la solicitud de que se proporcionen los nombres de los miembros del grupo familiar, sus fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones y códigos postales. Así lo explicó el fiscal de California, Rob Bonta, en una rueda de prensa virtual junto a las fiscales de Nueva York, Letitia James, y de Michigan, Dana Nessel.
Bonta resaltó que esta acción “sin precedentes” viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales “y socava aún más la confianza entre el Gobierno federal y las personas a las que sirve”.
La demanda se presentó dos días antes de que venciera el plazo del 30 de julio, establecido por el Departamento de Agricultura -que administra el programa que permite la compra de alimentos, del cual se benefician 42 millones de personas en EE.UU.- para que los estados entregaran los datos de los solicitantes de los últimos cinco años.
Este programa es ampliamente conocido como “cupones de alimentos” para personas con bajos recursos económicos.
Incluso, la agencia gubernamental advirtió a los estados la semana pasada que, de ignorar la solicitud, podrían verse “expuestos a procedimientos de incumplimiento”, lo que podría conllevar la retención de fondos.
“Seamos claros: esta exigencia no trata de prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso. SNAP tiene tasas de fraude muy bajas, algo bien conocido. Ya existen buenas medidas de seguridad. Se trata de usar datos gubernamentales como arma para intimidar a comunidades vulnerables”, afirmó.
Bonta enfatizó que los solicitantes proporcionaron información para obtener ayuda para alimentar a sus familias, “no para ser incluidos en una base de datos de vigilancia del Gobierno o ser utilizados como blancos en la inhumana agenda migratoria del presidente”.
Recordó que estados como California han mantenido este programa, que cuenta con uno de los sistemas de control de calidad más rigurosos del Gobierno federal y que durante años el Departamento de Agricultura nunca solicitó los datos a una escala tan masiva. Ahora, sin previo aviso, la Administración Trump intenta cambiar las reglas en medio del juego, argumentó.
Por su parte, la fiscal James indicó que en Nueva York, 2,9 millones de personas reciben los beneficios de este programa y que más de la mitad son familias con niños, y más de un tercio tiene familiares mayores o con discapacidad.
“El SNAP ha evitado que las personas pasen hambre y ha salvado innumerables vidas. Pero ahora esta administración intenta usar este programa como herramienta para su cruel y caótica persecución de los inmigrantes” indocumentados, lo que calificó de “indignante e inaceptable”.
“Esto no tiene precedentes. Es histórico”, afirmó, mientras que la fiscal de Michigan indicó que, además de que la acción tiene el impacto de asustar a la gente y disuadirla de solicitar este programa, al cual tienen derecho.
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