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Washington. Un juez federal impidió el viernes la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump dirigida a quienes colaboran con la Corte Penal Internacional. El dictamen llega después de una demanda presentada en abril por dos defensores de los derechos humanos, que cuestionan la orden de Trump del 6 de febrero, la cual autoriza sanciones económicas y de viaje, potencialmente de gran alcance, contra personas que trabajan en investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.
En su fallo, la jueza federal de distrito Nancy Torresen consideró la orden ejecutiva una violación inconstitucional de la libertad de expresión.
“La orden ejecutiva parece restringir la libertad de expresión más de lo estrictamente necesario para lograr ese objetivo”, escribió.
La orden ejecutiva prohíbe de manera general cualquier servicio basado en la expresión que beneficie al fiscal, sin importar si esos servicios están relacionados con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otro aliado de Estados Unidos.
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