Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
(Washington D. C., 28 de julio de 2025) – A un año de los comicios presidenciales, las autoridades venezolanas continúan cometiendo atropellos generalizados contra los críticos, incluyendo detenciones con fines políticos, declaró hoy Human Rights Watch.
Horas después del cierre de las urnas el 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral anunció la reelección de Nicolás Maduro. Observadores internacionales criticaron el proceso electoral por su falta de transparencia e integridad y pusieron en tela de juicio los resultados anunciados. Las autoridades, hasta la fecha, no han publicado las actas de escrutinio oficiales, mientras que aquellas publicadas por la oposición señalan que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones. Desde las elecciones, las autoridades venezolanas han llevado a cabo una represión brutal, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Al 21 de julio, 853 presos políticos seguían detenidos, según la organización de derechos humanos Foro Penal.
“Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Las recientes excarcelaciones de personas que fueron detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas”.
Tras el anuncio de la reelección de Maduro, miles de venezolanos salieron a las calles, principalmente en barrios de bajos recursos. En respuesta a las manifestaciones, el gobierno inició la “Operación Tun Tun”, una campaña a nivel nacional dirigida a intimidar, hostigar y reprimir a la población.
En un informe reciente, Human Rights Watch documentó los asesinatos de manifestantes y la detención de cientos de opositores políticos, defensores de derechos humanos, críticos y ciudadanos extranjeros. Muchos han sido acusados de delitos definidos de manera amplia como “incitación al odio” y “terrorismo”, que conllevan penas de hasta 30 años de cárcel. Muchos fueron perseguidos por participar en actividades protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como protestar, criticar al gobierno o ser parte de la oposición, y fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a procesos penales plagados de irregularidades.
Las autoridades han negado reiteradamente información sobre personas presas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero, en casos que constituyen desapariciones forzadas conforme al derecho internacional. Las familias de los detenidos han tenido que buscar a sus seres queridos durante días o semanas en centros de detención y morgues. Muchos detenidos han permanecido incomunicados, algunos desde el día de su detención. Se les han negado las visitas e impedido acceder a abogados privados o a sus expedientes judiciales. Muchos fueron acusados en audiencias virtuales y grupales que vulneraron su derecho al debido proceso.
Algunos detenidos han permanecido incomunicados durante meses. Entre ellos se encuentran Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular; Perkins Rocha, del partido opositor Vente Venezuela; Jesús Armas, miembro del equipo de campaña de la oposición; Enrique Márquez, candidato a la presidencia en 2024; y Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Algunos detenidos han sido sometidos a malos tratos y tortura, incluyendo palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, aislamiento y reclusión en celdas de castigo diminutas, oscuras y hacinadas.
El Ministerio Público ha dicho que ha excarcelado a cientos de detenidos, pero muchos continúan con procesos penales abiertos. Muchos han sido obligados a firmar documentos que les prohíben revelar información sobre su detención o sus procesos judiciales. Algunos fueron obligados a grabar videos en los que decían que sus derechos fueron respetados durante la detención.
El 18 de julio de 2025, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación de 80 personas. Las autoridades venezolanas también liberaron a 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos a cambio de la liberación de 252 migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos había deportado a El Salvador, donde habían sido recluidos en régimen de incomunicación en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una conocida megacárcel.
Según Vente Venezuela, desde las últimas excarcelaciones, alrededor de 40 críticos han sido detenidos. Algunos ya han sido liberados. “El gobierno de Maduro lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria'”, afirmó Goebertus. “Los gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”.
Los gobiernos extranjeros deben contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos, opositores e incluso a los miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos, afirmó Human Rights Watch.
Los gobiernos extranjeros deberían apoyar plenamente los esfuerzos en curso para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos contra los derechos humanos en Venezuela; explorar formas de presionar a los gobiernos y a los actores económicos que contribuyen a la represión; ampliar el apoyo a la sociedad civil, a los periodistas independientes y a otras personas que trabajan para promover la democracia y los derechos humanos; y aumentar, de manera urgente, la protección de todas las personas que se ven obligadas a abandonar el país.
La comunidad internacional debe aprovechar todas las oportunidades para impulsar avances significativos en materia de derechos humanos en Venezuela, empleando foros regionales e internacionales, incluyendo la próxima cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre. El Vaticano también debería aprovechar la próxima canonización de dos ciudadanos venezolanos, prevista para octubre, como una oportunidad para impulsar la liberación incondicional de todos los presos políticos.
“Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia”, dijo Goebertus. “Los gobiernos que mantienen relaciones con Maduro no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos: deben exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria de terror estatal en el país”.
Para obtener más información acerca del trabajo de Human Rights Watch sobre Venezuela, visite: https://www.hrw.org/es/americas/venezuela
Agregar Comentario