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El comunicado de prensa emitido por la Presidencia de la República, el Código Penal promulgado, aparte de imponer sanciones, introduce un enfoque preventivo y de reinserción social, entendiendo la seguridad ciudadana como una tarea conjunta entre el Estado y toda la sociedad.
Tras su aprobación final en el Congreso Nacional el jueves pasado, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, sustituyendo el marco legal que estuvo vigente desde 1884. El mismo empezará a aplicarse a partir de agosto del año que viene.
El nuevo código, que está establecido en la Ley 74-25, incluye la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberacoso, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la inducción al suicidio; se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de la justicia y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja.
De igual manera, se establece la acumulación de penas por varios delitos, además del aumento de la pena máxima de prisión hasta 40 años; también, la creación de medidas sociojudiciales, que incluyen vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social de los infractores.
Asimismo, contiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite sancionar a entidades legales que, por negligencia o acciones de sus representantes, incurran en delitos; las órdenes de protección más sólidas para víctimas de violencia de género, intrafamiliar o de cualquier agresión que atente contra su integridad.
Igualmente, la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables de incurrir en este delito para ejercer cargos públicos. La reforma también extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima cumple la mayoría de edad.
El comunicado de prensa emitido por la Presidencia de la República, el Código Penal promulgado, aparte de imponer sanciones, incorpora un enfoque preventivo y de reinserción social, entendiendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad entera.
“Esta actualización provee al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, incluyendo la delincuencia organizada, y garantizar la protección efectiva de las víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho”, indica el comunicado.
Con la promulgación del nuevo Código Penal, que entrará en vigor en 12 meses (en 2026), la República Dominicana deja atrás un marco normativo obsoleto y se dirige hacia un modelo de justicia moderno, enfocado en la protección de los derechos humanos.
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