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Washington, Estados Unidos.- La administración del presidente Donald Trump está considerando qué hacer con un conjunto de anticonceptivos almacenados en Bélgica, que podrían ser destruidos a pesar de estar destinados a mujeres vulnerables en todo el mundo. Activistas y dos senadoras estadounidenses han alzado la voz para evitar su incineración.
Los suministros de planificación familiar, valorados en más de nueve millones de dólares y financiados con dinero de los contribuyentes estadounidenses, se encuentran en un almacén en Geel, en el norte de Bélgica. Allí se guardan píldoras, implantes subcutáneos y dispositivos intrauterinos (DIU) destinados a mujeres en zonas de conflicto, campos de refugiados y regiones donde el acceso a servicios de salud reproductiva es limitado.
El Departamento de Estado confirmó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el destino de los insumos. “Seguimos en el proceso de determinar el rumbo a seguir”, dijo Tommy Pigott, portavoz adjunto.
La preocupación se intensificó después de que aparecieran informes sobre la posible incineración del material en Francia, lo que fue calificado como un despilfarro por organizaciones civiles y legisladores tanto en Europa como en Estados Unidos.
En una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, las senadoras Jeanne Shaheen (demócrata) y Lisa Murkowski (republicana) advirtieron que la destrucción de los anticonceptivos significaría renunciar al liderazgo mundial de Estados Unidos en la lucha contra embarazos no deseados, abortos inseguros y muertes maternas.
Desde Bruselas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Florinda Baleci, confirmó que su país ha mantenido conversaciones diplomáticas para salvar los suministros, aunque no ofreció detalles para no influir en el resultado de las negociaciones.
Mientras tanto, el portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, señaló que el bloque regional está vigilando de cerca la situación y busca soluciones.
Por su parte, organizaciones como MSI Reproductive Choices y Médicos Sin Fronteras se han ofrecido a asumir los costos de reempaquetado y distribución del material, aunque sus propuestas fueron rechazadas. Para Médicos Sin Fronteras, la incineración representaría “un acto deliberadamente imprudente y perjudicial contra mujeres y niñas en todas partes”.
El incierto destino de los suministros coincide con el desmantelamiento de USAID, la agencia responsable de gestionar estos programas, lo que ha dejado un vacío administrativo y político que, si no se resuelve, podría resultar en la pérdida total del material.
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