Economicas

Ahorra pan para mayo y harina para abril

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En nuestro país, el sistema actual se inició el 9 de mayo de 2001, con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

Un sistema de pensiones administra cómo un país distribuye recursos financieros a sus ciudadanos al concluir su “vida laboral productiva.” El primer programa de pensiones del que se tiene constancia histórica provino del emperador romano Octavio Augusto, quien, a través de las Aerarium Militare, instauró compensaciones monetarias o en tierras para quienes sirvieron en el ejército por más de 25 años. En nuestro país, el sistema actual se inició el 9 de mayo de 2001, con la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, desde 1948 existían 4 regímenes previsionales de reparto.

El sistema actual se basa en capitalización individual y depende exclusivamente del mercado financiero local (aunque una parte se gestiona en moneda extranjera). Con menos de diez AFP registradas, se manejan fondos que rondan el 14% del PIB (en 2001 solo representaba el 1% del PIB), con una concentración de casi el 80% de los fondos en gestión de 4 de ellas. Igualmente, la herencia de los fondos, y la contraparte de las empresas aportantes, son indicadores para generar sostenibilidad al sistema. Aunque esta información revela un sistema que genera sostenibilidad, igualmente presenta riesgos sobre los cuales debemos reflexionar.

Según la OCDE, para 2021, aproximadamente el 45% de los hogares tenían ingresos informales (fuera del sistema de seguridad social), y la informalidad asciende, según la OIT, al 54% de la población con capacidad laboral. Por lo anterior, el principal desafío del sistema de seguridad social no es solo reducir las comisiones de las AFP (objetivo que se debe lograr), sino también desarrollar formas de ofrecer seguridad a los trabajadores informales. Tomando como referencia otros países con condiciones laborales similares, Colombia estableció un sistema de ahorro voluntario con bonos del Estado. Esto sirve para garantizar una cotización continua y asegurar una pensión mínima acumulada. Bolivia, como segundo ejemplo, genera una pensión básica universal, pero en este caso, los fondos provienen de ingresos por recursos naturales (petróleo). La problemática con este tipo de subsidios radica en que el Estado debe identificar nuevas fuentes de ingresos (es decir, más impuestos). De igual manera, la falta de educación financiera sobre las pensiones y nuestro sistema de seguridad social es un desafío tan importante como los dos ya mencionados. ¿Cuáles serían las soluciones ideales para nuestro contexto?

Hay suficiente evidencia que nos permite concluir que un buen sistema de seguridad social tiene una correlación directa con la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de su sistema de pensiones. De hecho, también existe una alta correlación entre un PIB per cápita bajo (x<$3,000 USD) y un sistema de pensiones (o seguridad social) deficiente. Un estudio realizado en 2023 por Thinking Ahead Institute concluye que los países con mejores infraestructuras impositivas e institucionalidad favorecen el crecimiento y sostenibilidad de los fondos de pensiones.

Para llegar a conclusiones acertadas, y diseñar nuevas estrategias que continúen optimizando nuestro sistema de pensiones, como resultado de los trabajos conjuntos de la academia y el Estado, desde la SIPEN, en conjunto con la UNAPEC, se ha diseñado una Especialidad en Planes y Fondos de Pensiones, gestionada por la Escuela de Administración. Este programa académico formal sirve como escenario para el diálogo, el conocimiento y la búsqueda de soluciones óptimas, descubrir las oportunidades de mejora y, desde la academia, ser un centro para el llamado al cambio constante, no solo para los pensionados, sino también para los otros contribuyentes, el Estado y las empresas. Porque no hay cosa más cierta, como dice el refrán, “guardar pan para mayo, y harina para abril.” Significa que, desde el Estado, y con apoyo de instituciones educativas, podemos seguir trabajando juntos para continuar ofreciendo sostenibilidad que permita crear valor para todos los grupos vulnerables que han finalizado una vida laboral productiva, y enfocarse en otros proyectos personales, familiares y sociales.

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