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La orden prohíbe nuevas detenciones y nuevas construcciones en el lugar. Tiene que cerrarse en 60 días, de manera organizada. Esto es un avance, pero no una victoria definitiva. “Sabemos que habrá una apelación”, dijo Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, que encabeza la demanda.
En una rueda de prensa, las organizaciones demandantes celebraron con prudencia la decisión de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, quien el jueves dio un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, abierto el 3 de julio al oeste de Miami, donde prohibió el ingreso de más migrantes.
El Gobierno de Florida anunció que apelará el fallo, que favoreció a los grupos ambientalistas Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes afirmaron estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al prever que llegará a la Corte Suprema.
“Cuando se trata de nuestras tierras, no hay concesiones, así que seguiremos luchando. Esto será apelado, lo imaginamos, estamos preparados para ir hasta la Corte Suprema”, declaró Curtis Osceola, consejero sénior del pueblo Miccosukee, que reclama las tierras donde se construyó el centro de detención. Florida apela la decisión
Mientras tanto, la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que apelará el fallo, y advirtió que las deportaciones continuarán en el lugar, con una capacidad para 2.000 personas que se esperaba que creciera a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).
Funcionarios de Florida han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), al señalar que otro juez desestimó el martes parte de otra demanda de abogados migratorios sobre el acceso a la defensa y comunicación de los detenidos en ‘Alligator Alcatraz’.
“Una vez más, ella se extralimita en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal”, comentó Jeremy Redfern, director de Comunicaciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier, en sus redes sociales. Pero la legisladora estatal Anna Eskamani, demócrata que representa a Orlando, consideró que el Gobierno floridano ya anticipaba el fallo, al señalar que el congresista federal Maxwell Frost contabilizó menos de 340 migrantes en el centro tras recorrerlo esta semana.
También señaló la premura con la que DeSantis anunció hace una semana la apertura de un nuevo centro de detención llamado ‘Deportation Depot’ (depósito de deportaciones), en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para más de 1.300 personas.
“Mi suposición es que el estado de Florida esperaba una derrota porque no hicieron su debida diligencia en ningún tipo de estudio ambiental en la construcción de este lugar en los Everglades, así que intencionalmente han transferido a individuos a otros sitios”, expuso Eskamani. Defensa ambiental
Estos demandantes exigen el cierre completo e inmediato del lugar por dañar el Parque Nacional de los Everglades, donde hay 36 especies nativas de Florida en la lista federal de especímenes amenazados o en peligro, como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el cocodrilo y el caimán americanos.
Elise Bennett, directora en Florida y abogada sénior del Center For Biological Diversity, argumentó que es “evidente para el público que hay muchas violaciones legales asociadas con el centro”, como a la Ley Nacional de Política Ambiental, al Acta de Especies en Peligro, al Acta de Agua Limpia y otras sobre terrenos públicos.
‘Alligator Alcatraz’ es el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración ha subido un 49 % la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que asumió en enero, con 55.568 detenidos en la primera mitad de julio.
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