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Más que un aliado comercial, Argentina es para nosotros una nación hermana, con la que compartimos el futuro de la región. Si a Argentina le va bien, también se abrirán oportunidades para nosotros: podremos colocar más productos en su mercado — algo en lo que nos hemos quedado atrás –, como lo demuestran las cifras más recientes. En 2024, nuestras exportaciones hacia Argentina apenas alcanzaron los 2.9 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese país sumaron 397.2 millones de dólares. Además, podremos fortalecer el creciente flujo de turistas argentinos que escogen a República Dominicana como destino, evitando que se interrumpa una tendencia tan positiva. Solo en 2024 recibimos alrededor de 272,450 visitantes procedentes de Argentina, lo que supuso un incremento del 35 % respecto al año anterior.
Conviene tener presente que un retorno al desorden económico en Argentina no solo afectaría a la patria del general José de San Martín. Sus consecuencias se sentirían en toda la región, que perdería atractivo para la inversión extranjera. Esto se debe a que, al decidir dónde invertir su capital, muchos inversionistas no solo evalúan las condiciones de un país específico, sino también la estabilidad y proyección del entorno regional.
Por esta razón, República Dominicana debe asumir la causa argentina como propia, especialmente ahora que, desde el Legislativo, se perciben indicios que amenazan con desestabilizar las finanzas públicas y poner en riesgo los avances logrados por la actual administración, avances que muchos califican de milagrosos. Basta repasar los datos: el PIB argentino cerró 2023 con una contracción de 1.6 %, pero en el primer trimestre de 2025 registró un crecimiento interanual de 5.8 %. La inflación, que en 2023 superó el 200 %, acumulaba en junio de 2025 solo un 15.1 %. Y el déficit fiscal del sector público, que en 2023 alcanzó el 4.5 % del PIB, se transformó en 2024 en un superávit del 0.3 %.
Estos logros deberían animarnos a brindar apoyo al presidente Javier Milei, justo cuando enfrenta proyectos legislativos que, aunque quizá inspirados en buenas intenciones, carecen del respaldo responsable que exige la administración de las cuentas públicas.
Ejemplo de ello son tres leyes vetadas recientemente por el mandatario, todas con un impacto estructural y permanente sobre el gasto, pero sin fuentes claras de financiamiento. La primera modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria, otorgaba un aumento único del 7.2 % a jubilaciones y pensiones, e incluía una ayuda económica de hasta 110,000 pesos para determinados beneficiarios. La segunda reinstalaba la moratoria previsional y flexibilizaba los requisitos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. La tercera declaraba la “emergencia en discapacidad”, ampliando de forma masiva el número de beneficiarios.
El gobierno estimó que estas iniciativas pondrían en riesgo el equilibrio fiscal, las metas macroeconómicas y la estabilidad del sistema previsional, generando un gasto adicional superior a 7 billones de pesos en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026.
Frente a ello, el pasado 8 de agosto el presidente Milei fue contundente: “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
Milei merece nuestro respaldo, siempre que la defensa de su plan económico preserve los valores democráticos.
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