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El fiscal aseveró que existe “un plan delictivo para alterar con violencia el orden democrático” en Honduras. La Fiscalía de Honduras comunicó este jueves la aprehensión de tres hombres acusados de terrorismo e intento de asesinato, por supuestamente planear un atentado contra el expresidente del país Manuel Zelaya e intentar destituir a la actual mandataria, Xiomara Castro, e impedir la celebración de las elecciones generales, previstas para finales de noviembre. El fiscal general del país centroamericano, Joel Zelaya, señaló en rueda de prensa que la detención de estas personas “confirma la existencia de una conspiración cuyo propósito es paralizar el Estado, alterar el orden constitucional e impedir la realización de las elecciones del 30 de noviembre”, un punto que ya denunció a finales del pasado julio. Los acusados, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Paz y David Kattán, buscaban atentar contra la vida de Zelaya, derrocar al actual Gobierno hondureño y provocar la salida anticipada de Castro –cuyo mandato finaliza en enero de 2026–, según indicó el magistrado, quien aseguró que lo acontecido “va más allá de ser un hecho aislado, es parte de un plan mayor”. Presentó varios mensajes de voz que “forman parte del material probatorio” del caso, defendiendo que “no está fundamentado en conjeturas ni rumores (sino que) se basa en evidencias científicas irrefutables”. Según las grabaciones difundidas durante la comparecencia, uno de los acusados manifiesta que “todo se soluciona matando a ese hijo de la gran puta de Manuel Zelaya, hay que matarlo, matando al perro se acaba la rabia”. El fiscal reafirmó que existe “un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático” en Honduras, y apuntó a “grupos externos que impactarían directamente en el (Consejo Nacional Electoral) CNE y en sus decisiones”. El exmandatario reaccionó al anuncio con un breve mensaje en su cuenta de la red social X, indicando que el anuncio “evidencia las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009”, un extremo que él mismo denunció en ocasiones anteriores después del golpe militar ordenado por el entonces jefe del Ejército, el general Romero Vásquez, y que atribuyó a las autoridades de Estados Unidos. Zelaya fue sacado de su residencia a finales de junio de 2009 por los militares y expulsado a Costa Rica por orden del poder judicial, que lo acusaba de querer perpetuarse en la Presidencia por someter a consulta popular la posible modificación de la Constitución.
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