Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La digitalización lleva, en cierta medida, a la invisibilidad las operaciones bancarias. Si pudiéramos viajar en el tiempo y llevar a jóvenes dominicanos de la generación Alfa, o incluso de la generación Z, a recorrer el mundo bancario de 1981, año en que salió el periódico Hoy, seguramente se perderían en un laberinto oscuro e intrincado sin salida, acechado por el fraude, que se infiltraba de forma subrepticia, aprovechando una regulación deficiente y, en muchos casos, completamente inexistente. Nos situaríamos en los albores de una época marcada, además, por la proliferación de la informalidad, con la aparición de financieras por doquier. Incluso las entidades formales mantenían una “puerta trasera” desde la cual participaban o auspiciaban ese universo informal.
Una informalidad alimentada por una legislación bancaria que se volvía obsoleta al imponer un tope del 12% a las tasas de interés permitidas para los préstamos, mientras se otorgaba libertad al fisco para gastar más allá de sus ingresos y a la autoridad monetaria para imprimir dinero inorgánico. Se pretendía que, manteniendo esa camisa de fuerza, el límite de tasas, los intermediarios pudieran cuadrar sus cuentas en medio de tasas de inflación que alcanzaron niveles tan alarmantes como: 21.7% en 1980, 20.2% en 1984, 45.3% en 1985, 13.6% en 1987, 43.9% en 1988, 40.7% en 1989, 50.5% en 1990 y 47.1% en 1991.
Pero no todo se explicaba por variables técnicas. El problema se agravó con la entrada de actores improvisados al sistema bancario, cuyo atrevimiento era inversamente proporcional a su preparación como banqueros. Estos aprovecharon las debilidades del sistema para hincar sus garras en los clientes y propinarles mordidas con las que obtenían jugosas ganancias para saciar su desmedida codicia.
Esto dio pie a la atomización y dispersión que caracterizaron al mercado financiero de la época. Para 1989, existían 85 entidades financieras reguladas, distribuidas en 23 bancos comerciales, 36 bancos de desarrollo, 16 bancos hipotecarios y 20 asociaciones de ahorros y préstamos. A esto se sumaban centenares de financieras no reguladas.
En contraste, datos recientes muestran una consolidación significativa: actualmente operan en el país 47 entidades financieras autorizadas, según la Superintendencia de Bancos, desglosadas en 18 bancos múltiples, 15 bancos de ahorro y crédito, 4 corporaciones de crédito y 10 asociaciones de ahorro y préstamo.
Es una muestra inequívoca de cómo la regulación más estricta y una supervisión más efectiva han transformado el sistema bancario hacia una estructura más concentrada y, sobre todo, más solvente.
De la insolvencia que imperó durante las décadas de los ochenta y noventa no existen registros fiables, pero las quiebras de intermediarios financieros de ese período hablan por sí solas. Desde finales de los años 2000 hasta la actualidad, la banca dominicana ha mantenido una solvencia sólida, usualmente entre el 14% y el 18%, superando ampliamente tanto el estándar internacional como el mínimo legal del 10% establecido por la Ley Monetaria y Financiera.
Esta ley, aunque empezó a discutirse en la primera mitad de los años 90, no fue promulgada sino hasta 2002, debido a la resistencia de sectores dentro de la propia banca que no alcanzaban a ver que mantener el statu quo representaba la mayor amenaza para la sostenibilidad del sistema financiero y su propia supervivencia.
Paradójicamente, ni siquiera la entrada en vigor de dicha ley en el año 2002 pudo evitar la mayor quiebra bancaria en la historia del país: la del Banco Intercontinental (Baninter), que, por coincidencia, inició sus operaciones en 1981, año que hemos tomado como punto de partida para contar esta historia. El costo de esa quiebra ascendió a aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto, dejando al descubierto años de malas prácticas que, al salir a la luz, sacudieron al país y allanaron el camino, esta vez con menor resistencia, para una nueva ola de reformas, orientadas a evitar la repetición de episodios tan dolorosos. Hoy, nuestro país cuenta con un sistema bancario cuya solvencia resiste cualquier prueba. Cifras recientes sitúan el índice de solvencia del sistema en un 17.60%, lo que representa un excedente patrimonial de RD$174,952 millones. Para diciembre de 2024, dicho índice era de 14.47%, tras haber registrado un promedio de 14.64% entre 2017 y 2024.
Esta solidez patrimonial ha estado acompañada de un notable avance en los niveles de bancarización. Desde una bancarización, entendida como el porcentaje de la población mayor de 15 años con acceso a servicios financieros, que en ausencia de datos oficiales, se estima por debajo del 25% a inicios de los años ochenta, se ha pasado a una tasa de 38.2% en 2011, 54.1% en 2014, 56.2% en 2017 y 63.3% en 2024, según el Global Findex.
A su vez, este proceso ha sido impulsado por el crecimiento sostenido de los servicios financieros digitales. Durante los años ochenta, la banca dominicana operaba en un entorno esencialmente análogo.
No fue sino hasta la década de los noventa cuando comenzaron a darse los primeros pasos hacia la digitalización. Sin embargo, es a partir de 2010 cuando este proceso adquiere un ritmo acelerado, con el auge de la banca por Internet, la aparición de las primeras aplicaciones móviles bancarias, y la proliferación de servicios como pagos de facturas en línea, transferencias interbancarias y notificaciones por SMS. Todo esto ha sido respaldado por medidas de seguridad robustas, como el uso del token digital, que reduce el riesgo de fraude hasta el punto de casi eliminarlo.
Se trata de un proceso transformador, que ha llevado al sistema bancario dominicano desde la obsolescencia y la precariedad hasta una etapa marcada por la solvencia y la innovación digital, en un recorrido que continúa su avance hacia una operación cada vez más eficiente e incluso, en muchos aspectos, prácticamente invisible.
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