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Mi formación académica proviene del ámbito de las Humanidades. De ahí mi renuencia a analizar la vida solo desde una perspectiva cuantitativa, dejando de lado lo cualitativo. Hay temas en los que dos más dos no siempre suman cuatro. La identidad es uno de ellos.
Los economistas hacen una distinción entre precio y valor. No siempre lo que se valora en pesos o dólares refleja la magnitud de lo que está en juego. Por eso, en el debate sobre la inversión de 6,000 millones de pesos que el Estado destinará a la renovación de la cédula de identidad y electoral, debemos ver más allá de los números fríos.
Ciertamente, mi primera reacción fue cuestionar la prioridad de ese gasto en un país con déficit de aulas, de unidades de atención primaria, de líneas de Metro y con una factura eléctrica desbordada. Pero al profundizar — y aquí radica la importancia de no precondicionar — comprendí que no se trata solo de una cifra en el presupuesto, sino de un asunto estratégico que impacta la estabilidad política, la seguridad jurídica y la soberanía.
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Los 6,000 millones parecen una cifra excesiva. Sin embargo, cuando se calcula que con ese monto se cedularán 9.6 millones de personas, el costo por ciudadano es apenas 630 pesos, menos de 10 dólares, una cifra mucho más sensata.
A cambio, obtendremos no un simple pedazo de plástico o de policarbonato. La nueva cédula permitirá firmar digitalmente, garantizar transacciones seguras, agilizar subsidios y consolidar un ecosistema digital donde convergerán bancos, instituciones públicas y empresas privadas. Incluso impactaría la facilitación de visados y la movilidad internacional.
En este punto es útil recordar a Manuel Castells, sociólogo español que popularizó el concepto de Era de la Información. En este tiempo histórico, la identidad y los datos personales son uno de los bienes más vulnerables y más codiciados. Blindarlos contra fraudes y limitaciones de acceso a mercados internacionales no es un lujo: es una necesidad de supervivencia y seguridad nacional.
De ahí que no exagera la Junta Central Electoral cuando describe la renovación de la cédula como un “proyecto de Estado”. En un comunicado reciente recordó que el cambio es obligatorio por razones legales — la cédula de 2014 tenía vigencia de diez años — y también por razones tecnológicas: hoy falsificarla es mucho más fácil debido a la obsolescencia de los equipos.
Además, la renovación permitirá una depuración del padrón electoral y del Registro Civil, con efectos directos en las elecciones de 2028 y en la de 2032, cuando se unificarán siete niveles de elección en una sola fecha.
Es por eso que, insisto, hay que ver este tema más allá de un mero asunto aritmético. La gallina de los huevos de oro en República Dominicana no es solo la playa ni el clima: es la estabilidad política y social que atrae inversión extranjera y turismo, y permite que lleguen remesas. Aquí celebramos elecciones, se cuentan los votos y esa misma noche sabemos quién ganó. Ese comportamiento cívico es un lujo que ni Estados Unidos ni varias democracias europeas y latinoamericanas han podido garantizar con igual certeza.
La fortaleza del padrón dominicano es parte esencial de esa estabilidad. Por eso, lo que está en juego es mucho más que el costo de imprimir un nuevo documento. Se trata de blindar el futuro democrático de un país que, con todas sus dificultades, ha sabido sostener su institucionalidad electoral.
La pregunta, entonces, no es si la nueva cédula cuesta demasiado. La verdadera pregunta es: ¿cuánto costaría perder la seguridad de nuestra identidad y la confianza en nuestro sistema electoral?
Ante esa amenaza, 630 pesos no son un gasto: son una inversión mínima para proteger un patrimonio que no se mide en pesos ni en dólares. El verdadero precio de nuestra identidad es, en definitiva, el precio de nuestra soberanía. Y ese, dominicanas y dominicanos, no podemos darnos el lujo de perderlo.
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