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Chicago — El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, actuó con decisión este sábado al firmar un decreto que fija el plan de la ciudad ante un eventual operativo migratorio anunciado por el gobierno del presidente Donald Trump. Esta acción abre un nuevo capítulo en la tirantez entre las ciudades lideradas por demócratas y la administración federal.
La orden ejecutiva establece pautas concretas para las agencias y la policía local. El documento se emite, según se explica, ante lo que el gobierno local considera una amenaza creciente por parte del gobierno federal. La medida busca organizar la respuesta de la ciudad ante la posibilidad de un operativo de inmigración que, según informes de CNN, se realizaría la semana entrante.
El decreto afirma que la Policía de Chicago no colaborará con agentes federales en diversas actividades. Estas incluyen patrullajes conjuntos, operativos de arresto o cualquier otra tarea policial relacionada con la aplicación de la ley migratoria civil. La orden deja claro que los recursos policiales de la ciudad no se emplearán para apoyar estos esfuerzos federales.
La orden también exhorta a los agentes federales que operen en Chicago a seguir ciertos protocolos. Se les pide que se abstengan de usar mascarillas que encubran su identidad, que utilicen cámaras corporales durante sus intervenciones y que se identifiquen ante el público con su nombre y número de placa. Paralelamente, el alcalde Johnson reiteró que los policías locales deben usar uniformes que los identifiquen claramente.
Esta acción de Chicago no es un hecho aislado. Se produce en un momento en que el presidente Trump ha señalado su intención de ampliar campañas policiales federales, desplegadas inicialmente en ciudades como Portland y Washington D.C., a otras urbes del país. Esto forma parte de una dinámica de tensión entre el gobierno federal y ciertas ciudades gobernadas por demócratas.
De acuerdo con información de CNN, los planes federales para Chicago serían distintos a los empleados en la capital del país. Se espera que se asemejen más al operativo llevado a cabo en junio en Los Ángeles, donde se utilizó a la Guardia Nacional para reprimir protestas. Dicho despliegue en Los Ángeles enfrenta actualmente un recurso legal.
A principios de esta semana, el presidente Trump firmó un decreto para establecer “unidades especializadas” en la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en las ciudades. No obstante, no está claro cómo se implementaría esto, ya que la Guardia Nacional ya dispone de fuerzas de reacción en cada estado. Expertos señalan que el uso de ciertas facultades presidenciales para desplegar estas agencias en ciudades constituiría una medida inédita que algunos consideran ilegal.
El alcalde Johnson condenó el posible plan en una entrevista con CNN. Calificó la medida de inconstitucional, ilegal y costosa. Johnson afirmó que, si bien reconoce que hay trabajo por hacer en materia de seguridad, el envío de tropas militares no es la manera de impulsar la seguridad comunitaria.
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