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Estados Unidos — A pesar de que muchos piensan que es algo novedoso, el asesor legal de inmigración de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, señala que “el cobro de multas a individuos con órdenes de deportación está establecido en la ley y siempre ha existido”.
La diferencia radica en que, a partir de mayo, el gobierno federal comenzó a enviar notificaciones masivas. En la primera semana, más de 4,500 personas recibieron cartas informando sobre la sanción.
Estas multas se imponen únicamente a personas indocumentadas que ya tienen una orden de deportación emitida por un tribunal migratorio y que no abandonaron el país como exige la ley.
Los importes se calculan a razón de $998 diarios, lo que en pocos meses puede sumar decenas de miles de dólares y, en ciertos casos, superar el millón.
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El gobierno ha advertido que, si la multa no se paga, puede recurrir al embargo de bienes. Casas, vehículos y cuentas bancarias pueden ser retenidos como método de cobro.
“Eso es entendible. En cualquier proceso legal, si no se paga una multa, el siguiente paso es el embargo. El gobierno ya ha manifestado su intención de hacerlo”, explicó Olmedo.
Sí, pero con riesgos. Es posible apelar la sanción en situaciones donde la persona multada desconocía que tenía una orden de deportación, por ejemplo, si nunca fue notificada de una audiencia.
Sin embargo, para negociar o apelar, el inmigrante debe presentarse ante ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo cual puede conllevar la reactivación de su proceso de deportación.
“El inconveniente es que, para negociar la multa, la persona debe presentarse ante ICE”, indicó Olmedo.
Los expertos sugieren que cualquier persona que reciba una de estas cartas consulte inmediatamente con un abogado de inmigración. Es fundamental revisar el historial migratorio, verificar la existencia de una orden de deportación y evaluar las opciones legales antes de tomar cualquier decisión.
Durante la administración de Donald Trump, la migración fue uno de los pilares de su política. El expresidente promovió un enfoque de “tolerancia cero”, que incluyó medidas como la separación de familias en la frontera, la reducción de solicitudes de asilo y la presión para construir un muro fronterizo con México. Aunque varias de estas políticas generaron controversia y enfrentaron obstáculos en tribunales, su gobierno buscó enviar un mensaje claro de disuasión.
En ese contexto, se intensificó la aplicación de sanciones previstas en la ley migratoria, como las multas a inmigrantes con órdenes de deportación vigentes, que históricamente habían sido poco utilizadas. Estas acciones respondían a la idea de que la permanencia irregular debía castigarse con consecuencias económicas, además de la deportación. El escenario fue de fuerte polarización: mientras una parte de la sociedad respaldaba la postura firme, organizaciones civiles y de derechos humanos denunciaban un ambiente de criminalización contra los migrantes.
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