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SAN FRANCISCO — Un general de división adjunto testificó el lunes que las fuerzas militares que se desplegaron para ayudar en las redadas migratorias en Los Ángeles pudieron asumir ciertas tareas de aplicación de la ley, a pesar de que existe una ley federal que prohíbe al presidente usar al ejército como una fuerza policial dentro del país.
El general de división Scott Sherman dijo que los militares convocados para asistir en operaciones domésticas pueden proteger propiedades y agentes federales mientras llevan a cabo operativos a nivel federal. Señaló que se les permitió tomar ciertas acciones policiales, como establecer un perímetro de seguridad fuera de las instalaciones federales.
El testimonio de Sherman se produjo al comienzo de un juicio de tres días para determinar si el gobierno del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar a efectivos de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles, luego de las protestas de junio contra las redadas migratorias.
Trump ordenó el lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., y asumió el control del departamento de policía de la ciudad, con la esperanza de reducir los índices delictivos, incluso después de que el alcalde informara que el crimen iba en descenso en la capital de la nación .
El juicio, que se lleva a cabo en San Francisco, podría sentar un precedente sobre cómo Trump puede desplegar a la guardia en California o en algún otro estado en el futuro.
El gobierno de Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California y los envió a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar de las objeciones del gobernador Gavin Newsom y de los líderes de la ciudad, después de las protestas del 7 de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) arrestaron a personas en múltiples ubicaciones.
El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4.000 elementos de la Guardia Nacional de California y 700 marines. La mayoría de los efectivos ya se han retirado, pero 250 miembros de la Guardia Nacional permanecen en la ciudad, según las cifras más recientes del Pentágono.
California pide al juez Charles Breyer que ordene al gobierno federal que devuelva el control de las tropas restantes al estado e impedirle emplear fuerzas militares en California “para aplicar o asistir en la aplicación de la ley federal o cualquier función de aplicación de la ley civil por cualquier agente u oficial federal”.
Beyer le dio una primera victoria a Newsom al determinar que el gobierno de Trump había violado la Décima Enmienda, la cual define el poder entre los gobiernos federal y estatal, y excedió su autoridad.
La Casa Blanca presentó una apelación de inmediato, argumentando que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. Obtuvo una suspensión temporal de la corte de apelaciones que le permite mantener el control de la Guardia Nacional de California en manos federales mientras la demanda continúa desarrollándose.
Después del despliegue, los soldados acompañaron a agentes federales de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos granjas de marihuana en el condado de Ventura, mientras que los marines se encargaron principalmente de custodiar un edificio federal en el centro de Los Ángeles que incluye un centro de detención en torno al cual giraron las protestas.
Trump federalizó a los miembros de la Guardia Nacional de California al amparo de una ley que le permite al presidente desplegar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país “es invadido ,” cuando “hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno,” o cuando el presidente no puede “ejecutar las leyes de Estados Unidos”.
Breyer determinó que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión'”.
Desde junio, agentes federales han detenido a inmigrantes en Home Depots, autolavados, paradas de autobús y granjas. Algunos ciudadanos estadounidenses también han sido detenidos durante las redadas.
Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, sostuvo en documentos judiciales que el despliegue de las tropas era necesario porque las agencias locales habían sido lentas en su respuesta después de que una multitud se reunió fuera del edificio federal para protestar por los arrestos de inmigrantes.
“La presencia de la Guardia Nacional y los marines ha jugado un papel esencial en la protección de la propiedad y el personal federal de las turbas violentas”, indicó Santacruz.
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