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Antes de dictar la sentencia, que se conoció alrededor de las 3:40 de la madrugada, las juezas Claribel Nivar (presidenta del tribunal), Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo expresaron: “La sociedad definitivamente debe levantarse frente a esta situación, porque la corrupción, sin duda, ha quedado evidenciada en este caso: ha sido plena, absoluta y profunda…”.
El tribunal aprovechó para reflexionar, en voz de la magistrada Yissell Soto Peña, sobre el profundo deterioro institucional de la sociedad que pudo constatar con los casos de corrupción presentados por el Ministerio Público.
“Cada vez que conoce un caso (el tribunal), es como si sintiera que está en un proceso de involución, las cosas van a peor. Y creo, creemos nosotras, que debemos reflexionar nosotros mismos”, manifestó.
“No es que tengamos a todos los fiscales trabajando para meter preso al que haga algo mal, no; lo que aspiramos es que ellos no tengan tanto trabajo para que el sistema esté un poco más aliviado”, agregó.
Además, en su reflexión, insistió en que los empleados públicos de menor nivel no deben cegarse ante la corrupción.
“No podemos tener una ceguera negligente porque si lo hacemos nos involucraremos en cosas malas”, indicó antes de alegar que, técnicamente, y según su criterio, el tribunal no pudo “subsumir” algunas conductas punibles de los procesados, lo cual no significó, dijo, que las juezas no apreciaran lo malas que fueran las cosas juzgadas.
“Ojalá que empecemos a cambiar, porque si no aprendemos a cambiar, siempre tendremos estos procesos y siempre serán malos: hablamos de aquel muchacho del barrio que mata a alguien para robar un celular, si equiparamos las cosas, no sabemos sinceramente cuál es peor”, indicó la jueza Soto Peña.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
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Asimismo, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
En virtud del acuerdo al que llegó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
Mientras tanto, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
Igualmente, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Cabe destacar que el tribunal inició con las motivaciones a las 10:45 de la noche del miércoles. Previamente, la presidenta Claribel Nivar se disculpó por el retraso, tras indicar que habían tenido tres días de arduo trabajo para dar respuesta en el caso de manera oportuna.
Explicó que el 10 de mayo del año 2023 el tribunal fue apoderado del proceso, durante el cual se desarrollaron 127 jornadas y se agotó una gran cantidad de horas en coordinación con el equipo del despacho judicial.
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