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“Ante todo, lo justo”, expresó Juan Pablo Duarte, “si anheláis ser felices”. Y es oportuno, señor presidente, empezar admitiendo que, efectivamente, la República Dominicana requería un nuevo Código Penal. Un código que responda a los desafíos penales actuales y asegure justicia para todas las personas.
En esa dirección, también es justo reconocer que el código aprobado por el Congreso presenta avances significativos en comparación con el vigente. Este nuevo texto integra tipos penales como terrorismo, sicariato, genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, así como feminicidio en sus diversas formas, inducción y cooperación al suicidio, violencia en escenarios feminicidas, daño con sustancias químicas (ácido del diablo), bullying, dopaje y acumulación de penas. Asimismo, contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos culposos y protege especialmente a niños, niñas y adolescentes ante operaciones comerciales.
No obstante, ese mismo código comete un error colosal: niega a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, su salud y su dignidad. Obligar a una mujer a parir el resultado de una violación, forzar a una niña — que ni siquiera comprende lo que sucede — a continuar un embarazo, sobre todo si su agresor es su padre, un tío o un padrastro, no es justicia. No es progreso. No es humanidad y no es nada moderno.
¿Quién instaló el falso dilema de que para obtener un nuevo código había que sacrificar los derechos fundamentales de las mujeres? ¿Por qué el país debe elegir entre un código moderno o las tres causales?
¡Podemos tener ambas cosas! Solo se necesita voluntad política y valentía. Pero no siempre la clase política está dispuesta a asumir ese costo.
Además, surge una interrogante necesaria: ¿Por qué el proyecto de reforma al Código Laboral fue detenido para lograr el consenso de los sectores empresariales, y en cambio el Código Penal se impuso sin consensuarlo con las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué se escucha a los empresarios y no a nosotras?
Incorporar las tres causales — cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, cuando es inviable fuera del útero y cuando es producto de una violación o incesto — no fuerza a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Las creyentes, como yo, podremos seguir adelante si así lo decidimos. Porque la fe es personal, y la maternidad también debe serlo. Lo que no es justo es que decidan por nosotras los obispos — que no paren — ni los legisladores — que no se arriesgan –.
Por eso, con profundo respeto, y apelando a su conciencia de padre, esposo, ciudadano y presidente, esperaba que usted, Luis Rodolfo Abinader Corona, observara ese Código Penal. Que cumpliera la palabra prometida por su partido en campaña. Que escuchara a su esposa, doña Raquel Arbaje; a sus hijas Graciela, Esther y Adriana Abinader Arbaje; a las millones de mujeres que luchamos por nuestros derechos y a los hombres, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que nos apoyan.
Con todo respeto, me resisto a creer que en esta materia los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina — quienes observaron el Código cuando les tocó, aunque por diferentes motivos — sean más progresistas que usted.
Señor presidente, usted tiene la oportunidad de hacer historia. De dejar un legado. De demostrar que sí es posible tener un Código Penal moderno sin sacrificar lo más sagrado que tiene una mujer: su vida y su dignidad.
Debió observar ese código, señor presidente. No en nombre de los votos ni de los sectores de poder. Debió hacerlo en nombre de la justicia.
