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Algo asombroso, e inimaginable hasta hace poco, está sucediendo en nuestra nación: por primera vez se fabrican en el país equipos especializados para la gestión y recolección de residuos sólidos, ajustados a nuestra geografía, nuestras calles y nuestras realidades.
Equipos “hechos en casa”, como se dice comúnmente, concebidos desde lo local para solucionar un problema que durante décadas se ha abordado con soluciones foráneas, a menudo ineficaces o insostenibles.
La producción nacional de estos equipos, además de ser un logro técnico, sitúa a nuestro país a la vanguardia en el Caribe y Centroamérica. Mientras otras naciones siguen dependiendo de maquinaria importada, costosa, delicada y sin soporte técnico, República Dominicana ha dado un paso audaz hacia la autonomía tecnológica y el fortalecimiento de su industria local.
Este avance, sin embargo, no puede depender del mercado. Es obligación del Gobierno proteger esta industria incipiente mediante políticas públicas que promuevan su desarrollo.
Se necesitan incentivos directos, como facilidades fiscales para fabricantes nacionales, acceso a financiamiento preferencial, apoyo a la investigación e innovación y programas de formación para técnicos especializados.
Pero también se requiere protección estratégica, mediante regulaciones que eviten la competencia desleal de productos importados que, aunque parezcan más económicos, son insostenibles por la falta de piezas, talleres y personal capacitado.
La propia Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas establece la prioridad a los proveedores nacionales.
Sin embargo, es urgente que este mandato se aplique de forma más específica y efectiva en el sector de residuos sólidos, mediante resoluciones administrativas u otros instrumentos normativos que den un trato especial a los equipos y tecnologías fabricados en el país.
No se trata de cerrar el mercado, sino de fortalecer la capacidad productiva dominicana en un área crítica para el desarrollo y la salud pública.
Basta con observar a nuestro alrededor para comprender la magnitud del problema. Decenas de camiones recolectores adquiridos a precios atractivos en el extranjero hoy están arrinconados, abandonados por falta de repuestos o soporte técnico.
Es una realidad dolorosa y costosa: millones de pesos perdidos y una brecha cada vez mayor entre la inversión y los resultados. Mientras tanto, los gobiernos locales se enfrentan a una enorme presión para mantener limpias sus ciudades, sin herramientas adecuadas y con presupuestos limitados.
Por el contrario, producir estos equipos en el país reduce esos riesgos, además de impulsar el empleo, fortalecer la industria del acero, fomentar la innovación tecnológica y, sobre todo, ofrecer soluciones duraderas y adaptadas a nuestra realidad.
Además, el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a equipar estaciones de transferencia con herramientas funcionales, simples, duraderas y compatibles con las condiciones de nuestras ciudades y municipios avanza a buen ritmo.
Y muy pronto, comenzaremos a ver en el país plantas clasificadoras y valorizadoras de residuos diseñadas y ensambladas aquí mismo, elevando aún más nuestro liderazgo regional en este campo.
Todo esto confirma que tenemos un futuro prometedor en la industria de la gestión de residuos sólidos, pero ese futuro necesita reglas claras, apoyo político e institucional y un marco legal que priorice lo nacional sin caer en el proteccionismo extremo.
La gestión de los residuos no puede seguir considerándose un gasto. Es una oportunidad de desarrollo económico, una fuente de innovación, una herramienta de inclusión social y, sobre todo, un motor para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Incentivar y regular este sector no es solo una estrategia económica inteligente, sino un acto de justicia y visión de país.
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