Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Washington D.C. – La Fortaleza comunicó este martes que la gobernadora Jenniffer González no fue consultada por la Casa Blanca en relación a la decisión del presidente Donald Trump de remover a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Esta medida, a futuro, daría a los republicanos una ventaja de, al menos, 5 a 2 en el ente fiscal.
“Durante mi tiempo en el Congreso como comisionada residente, trabajé con diversos miembros de la JSF, y ahora colaboraré con quien sea la nueva composición de la Junta, una vez el presidente Trump lo anuncie”, indicó la gobernadora González, quien, según La Fortaleza, se enteró este martes de la decisión del presidente Trump.
González afirmó, sin embargo, que ha mantenido “comunicación directa, desde el inicio, con todo el equipo de la Junta y su personal”.
“Esta labor continuará con los nuevos miembros para finalizar la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico”, agregó González, quien durante la campaña presidencial expresó su deseo de ser el “vínculo” de Trump con Puerto Rico.
González, al igual que Trump, está afiliada al Partido Republicano de Estados Unidos.
Por su parte, Jean Peña Payano, asesor de la gobernadora para Asuntos Legislativos, declaró temprano que, desde La Fortaleza, no se hizo ninguna “gestión para sacar a nadie”.
Tanto la Casa Blanca como la JSF confirmaron este martes la remoción de cinco de los siete miembros de la JSF, en un momento en que un grupo de bonistas y activistas conservadores se oponen a la propuesta del ente fiscal para reducir de $8,500 millones a $2,600 millones la deuda por concepto de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Es una muestra de la situación colonial que tiene el gobierno de Puerto Rico históricamente”, expresó Peña Payano respecto al limbo en el que ha quedado la JSF en las últimas horas y al insistir en que es responsabilidad del ente que controla las decisiones financieras del gobierno electo puertorriqueño responder sobre los cambios.
Los cinco funcionarios destituidos son el presidente del ente fiscal, el exjuez de quiebras Arthur Gonzalez, y los puertorriqueños Juan Sabater, Cameron McKenzie, Betty Rosa y Luis Ubiñas.
Trump mantuvo en sus puestos a Andrew Biggs, experto del American Enterprise Institute (AEI), y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los estados de Michigan y Utah.
Biggs fue nombrado por el exlíder de la minoría republicana del Senado Mitch McConnell. Nixon fue recomendado por el speaker Mike Johnson.
Para el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez, la decisión de Trump, sin consultar a los funcionarios electos boricuas, “es el más claro ejemplo que vivimos bajo un régimen colonial, donde no tenemos el poder político para tomar nuestras propias decisiones”.
