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Así lo expresaron el 13 de agosto pasado Army Ferreira y Amaury Reyes Torres, al intervenir en un conversatorio educativo sobre derecho y justicia constitucional dirigido a comunicadores, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
La rápida evolución de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), ha generado una nueva preocupación en República Dominicana: la falta de regulación legal.
Para dos de los 13 magistrados que componen el pleno del Tribunal Constitucional (TC), establecer un marco legal con el objetivo de regular los nuevos sistemas de razonamiento automatizado es un reto para la sociedad dominicana.
Así lo consideraron el 13 de agosto pasado Army Ferreira y Amaury Reyes Torres, al participar en un conversatorio educativo sobre derecho y justicia constitucional dirigido a comunicadores, celebrado en la PUCMM.
“Creo que el mayor desafío, aunque ya existe una estrategia nacional de ciberseguridad que incluye un capítulo de inteligencia artificial, es contar con una regulación que pueda responder a la realidad que vivimos hoy”, afirmó Ferreira durante el panel.
Por lo que Ferreira considera necesario iniciar el desarrollo de diversos estudios, que permitan identificar los derechos fundamentales afectados por el uso “desproporcionado y antiético de esas herramientas”. De esta manera, República Dominicana podría construir una normativa flexible, “salvaguardando esos derechos, pero, algo hay que hacer con ese producto en el mercado”.
Además, indicó que en las discusiones sobre una posible nueva ley se deben especificar cuáles serán las responsabilidades del Estado en relación a la ciberseguridad de las plataformas, la concesión de licencias para los desarrolladores, así como debatir la entidad que tendría la potestad de imponer sanciones administrativas para la protección de datos personales.
El magistrado Amaury Torres considera que la utilización de los innovadores métodos de procesamiento artificial podría ser “un riesgo para la democracia” en general. Lo que otorga a los medios de comunicación un papel relevante para contribuir al desarrollo de la población: Usar de manera adecuada los instrumentos tecnológicos.
Ante la necesidad de, al menos, algunas directrices, Torres sugirió regresar a los principios de explicabilidad, transparencia e intervención o supervisión humana, que serían útiles para tener una visión sobre “cómo actuar ante diversos problemas”.
“La unión entre la desinformación, la posverdad y la subordinación de la realidad a la política, encontramos muchos problemas ahí…”, detalló al mencionar algunas debilidades que presentan las sociedades con los programas artificiales.
Ferreira considera fundamental establecer dentro de los preceptos el consumo de las informaciones, priorizando el proceso de verificación.
“No es que la inteligencia artificial genere o invente, sino que toma de bases de datos existentes y, por la similitud de las palabras, genera una respuesta que podría ser errónea”, declaró.
Una de las preguntas en el diálogo se centró en una posible reforma constitucional para adecuar la regulación en la Carta Magna. El especialista en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, descarta este escenario, ya que el artículo 49 de la norma suprema contempla cualquier medio para ejercer el derecho de Libertad de Expresión e Informarse.
“La Constitución, al igual que la próstata, no hay que tocarla a menos que sea indispensable. No habría necesidad en principio de modificar la Constitución”, dijo al participar como ponente.
No obstante, Prats opina que cualquier legislación elaborada en el país estaría sujeta al riesgo de quedar “anquilosada, muy rezagada” de los avances que presentan a diario los sistemas tecnológicos.
“Por eso en este campo, la existencia de principios, sugerencias de comités de expertos, organismos científicos, de ese derecho suave que va orientando a los operadores, al Estado y la sociedad, es lo más conveniente”, destacó, recomendando la creación de una mesa de debate en la que participen expertos, junto a representantes de la sociedad.
Prats aprovechó su intervención para compartir lo que, según explicó, debería contener un documento normativo preliminar.
“Reserva de humanidad sería un principio fundamental. Una autoridad reguladora con una autonomía reforzada, no dependiente de la administración central. Un código de buenas prácticas. Entrada en vigencia escalonada, que le permita adecuarse a la normativa. Un mapa de riesgo asociado al uso y abuso de la inteligencia artificial”, expresó Prats, quien también es profesor de derecho en la PUCMM.
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