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Estados Unidos, bajo la primera administración de Donald Trump en 2020, formuló cargos contra Maduro por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la administración actual estableció una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Bondi publicó en sus redes sociales un video donde describe esta recompensa como “histórica”, señalando a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y una “amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.”.
“Maduro emplea a organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para infiltrar drogas mortales y violencia en nuestro país”, declaró.
Adicionalmente, la fiscal estadounidense comunicó que hasta el momento, “la Administración de Control de Drogas (DEA) ha confiscado 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus colaboradores”, con casi siete toneladas conectadas directamente al mandatario venezolano, “lo que representa una fuente de ingresos primordial para los cárteles con sede en Venezuela y México”.
Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, junto con dos aviones privados y nueve vehículos. “Maduro no evitará la justicia y tendrá que responder por sus atroces crímenes”, concluyó la fiscal general en su mensaje.
Horas después, el Gobierno de Venezuela replicó al anuncio con rechazo. A través de un mensaje en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que la “patética” recompensa es una “burda operación de propaganda política” y “la cortina de humo más ridícula” que ha presenciado.
