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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la inminente deportación del ciudadano cubano Robert Santiesteban, arrestado recientemente en Nueva Orleans y acusado de múltiples delitos graves. Esto ocurre en el marco de una nueva etapa de endurecimiento de la política migratoria federal impulsada por la administración Trump.
Santiesteban, quien residía en EE.UU. sin estatus legal, tenía antecedentes por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y robo de servicios. Todos son considerados crímenes graves según la legislación estadounidense. ICE catalogó su caso como prioritario para deportación inmediata, señalando en un comunicado: “Él lo llamaba traficar, nosotros lo llamamos billete de ida”. Esto refleja la postura firme del gobierno frente a inmigrantes con antecedentes criminales.
Parte de una estrategia nacional de deportaciones selectivas
Este caso se incluye en la política de “tolerancia cero” hacia inmigrantes con historial delictivo, reforzada desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Su administración ha intensificado los operativos contra extranjeros con antecedentes penales, incluso si han cumplido condenas o han residido años en el país.
Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las operaciones se enfocan especialmente en migrantes con órdenes de deportación finalizadas o con condenas por delitos relacionados con drogas, violencia o armas. “Estamos priorizando la seguridad pública”, afirmó un portavoz de ICE, subrayando que se trata de “delincuentes reincidentes con un patrón claro de actividad ilegal”.
Además de Santiesteban, otros dos ciudadanos cubanos fueron detenidos la semana pasada por delitos similares y están en proceso de remoción acelerada.
Deportaciones de cubanos enfrentan obstáculos diplomáticos
A pesar del aumento de órdenes de deportación, EE.UU. enfrenta dificultades para ejecutar expulsiones hacia Cuba. Esto se debe a la negativa de La Habana a recibir a sus nacionales deportados. Como resultado, ICE ha comenzado a desviar algunos vuelos a terceros países que aceptan recibirlos temporalmente, como Sudán del Sur, Esuatini y México. Estas deportaciones indirectas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de garantías y el riesgo de apatridia o detención prolongada.
En lo que va del 2025, más de 100 cubanos han sido deportados desde EE.UU., según cifras oficiales. No todos han sido trasladados directamente a la isla. En muchos casos, ICE ha recurrido a acuerdos bilaterales o mecanismos temporales con otras naciones, lo que ha creado una compleja red diplomática para resolver estos procesos.
Cifras crecientes y presión sobre la comunidad migrante
Actualmente, más de 42,000 ciudadanos cubanos tienen órdenes finales de deportación activas en Estados Unidos, según datos del DHS. Si bien no todos los casos son prioritarios, el aumento en las acciones de ICE refleja una voluntad política de acelerar los procedimientos de remoción, especialmente contra personas con antecedentes penales.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido sobre la falta de acceso adecuado a representación legal, condiciones de detención deficientes y procedimientos acelerados sin el debido proceso. Algunos abogados de inmigración denuncian que muchos de estos migrantes son detenidos sin previo aviso durante citas rutinarias o redadas selectivas.
Esta política se ha reforzado con la reciente implementación de la Ley Laken Riley, que obliga a la detención sin derecho a fianza de inmigrantes acusados de delitos graves, y con la Operación Safeguard, una campaña de arrestos masivos en ciudades santuario. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia nacional para endurecer el control migratorio y acelerar los procesos de expulsión.
Uno de los focos más intensos de estas detenciones es el sur de Florida, donde se habilitó el nuevo centro de detención Alligator Alcatraz, que ya ha albergado a decenas de cubanos. El centro ha sido criticado por las condiciones carcelarias y la prolongada detención de migrantes sin fecha definida de deportación.
Además, el fin del programa de parole humanitario y TPS para ciudadanos cubanos ha dejado a más de 26,000 personas expuestas a la deportación, muchas sin antecedentes penales pero afectadas por cambios administrativos o vencimientos de sus permisos migratorios.
Aunque el gobierno federal afirma que las deportaciones buscan proteger la seguridad pública, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de acceso a representación legal, las deportaciones a países peligrosos y el creciente número de cubanos atrapados en un limbo legal.
¿Qué puede esperar la comunidad cubana?
La comunidad cubana en EE.UU., tradicionalmente protegida por normativas migratorias particulares como la Ley de Ajuste Cubano, ahora enfrenta un entorno más hostil. Aunque algunos aún logran acceder a vías legales de regularización, los casos con antecedentes penales han quedado prácticamente excluidos de cualquier forma de alivio migratorio.
La negativa del régimen cubano a aceptar deportados — una política sostenida intermitentemente desde 2017 — ha generado tensión diplomática y ha convertido a cientos de migrantes en “atrapados” dentro del sistema de detención, sin opción clara de repatriación o permanencia legal.
Mientras tanto, la administración Trump continúa destinando recursos adicionales a ICE y al sistema judicial migratorio, con campañas de reclutamiento, operativos de inteligencia y nuevas prioridades en su agenda migratoria. Para muchos migrantes, especialmente los que cuentan con antecedentes, el mensaje es claro: la deportación es inminente, y la segunda oportunidad, improbable.
