El conflicto con Falcondo pone de manifiesto la urgencia de una nueva legislación minera

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La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) del país señaló que el conflicto con Falconbridge Dominicana (Falcondo), debido a daños ambientales y solicitud de rescisión de contratos, evidencia la necesidad urgente de una ley Minera actualizada y sólida, acompañada de diálogos y transparencia que aseguren reglas claras, equilibrio entre el Estado y los inversionistas, y un modelo de desarrollo sostenible.

Martín Valerio, director ejecutivo de la Camipe, declaró al HOY que, con estas condiciones, la confianza del sector minero internacional se fortalecerá.

“La clave reside en establecer un marco regulatorio moderno y transparente, pero sobre todo en fomentar un diálogo tripartito constante entre el Estado, las empresas y las comunidades. Este espacio de concertación debe garantizar reglas claras, una supervisión efectiva y mecanismos para la resolución de conflictos que aseguren un equilibrio de intereses y confianza mutua”, afirmó.

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Agregó que de esta manera se pueden prevenir crisis, consolidar la seguridad jurídica y asegurar que la minería siga siendo un motor de desarrollo sostenible para el país.

Asimismo, indicó que Camipe considera que este desenlace en Falcondo reafirma la necesidad de planificar a largo plazo, de manera que las comunidades dependientes de la actividad minera cuenten con mecanismos de resiliencia y diversificación productiva que mitiguen los efectos de decisiones empresariales o coyunturas de mercado.

“La salida de Falconbridge representa un hecho de gran importancia económica y social. Porque causó la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, afectando significativamente la economía de la provincia Monseñor Nouel y de todo el Cibao central. Adicionalmente, el cierre repentino impactó las cadenas de valor locales, el comercio, la recaudación fiscal y los programas de responsabilidad social que se mantenían con la operación minera”, explicó Valerio.