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El Estado suspende los registros de proveedores a funcionarios

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Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) comunicó la suspensión de oficio de 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE), pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico en el Estado, por estar dentro del régimen de inhabilitados.

Entre los registros suspendidos, mediante la resolución DGCP44-2025-002579, se hallan ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores, quienes están legalmente imposibilitados para ofrecer o suministrar bienes, obras o servicios a instituciones estatales, como establece la normativa vigente en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La DGCP informó que, durante la administración actual, se han suspendido 567 registros de proveedores, en cumplimiento riguroso del artículo 14 de la Ley 340-06, consolidando así el compromiso institucional con la legalidad, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.

La acción es fruto de un cruce sistemático de información efectuado por los departamentos de Verificación y Gestión de Proveedores.

El órgano rector afirmó que estas suspensiones son medidas preventivas, implementadas para resguardar la integridad del Registro de Proveedores del Estado, y forman parte de los cruces de información que se realizan periódicamente, con el objetivo de prevenir posibles conflictos de interés y reforzar el control en los procesos de contratación pública.

En ese sentido, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que esta medida no constituye una sanción administrativa, sino una acción preventiva dirigida a proteger la integridad del sistema de compras públicas y asegurar el cumplimiento del marco normativo.

“La detección temprana y la respuesta institucional ante situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la labor de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato legal”, enfatizó Pimentel.

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