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Los incendios forestales persisten con una ferocidad sin precedentes. Se reportan tres fallecidos y cerca de 160 000 hectáreas calcinadas. Las zonas más afectadas son Galicia (31 000 hectáreas en Ourense), Castilla y León, Extremadura, y once grandes incendios siguen activos en seis provincias distintas. Mientras los bomberos están sobrepasados, la controversia se intensifica, así como las acusaciones entre el Gobierno y la oposición.
Toda España se encuentra este viernes 15 de agosto en alerta por ola de calor y el frente de incendios sigue inquietando a las autoridades, sobre todo porque la agencia meteorológica ha emitido un aviso de riesgo “muy alto a extremo” para gran parte del país.
El país está experimentando una temporada de incendios muy intensa, con más de 157 000 hectáreas ya convertidas en cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.
El presidente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, alertó que “hoy volverá a ser un día muy difícil, con un riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue movilizado con todos los recursos para contener las llamas. Gracias, eternamente, a quienes luchan en primera línea para protegernos”, escribió en X.
Pero los incendios también han sido el foco del debate político en los últimos días. Nuestro corresponsal en Madrid, François Musseau, informa de que no se han movilizado suficientes medios, no hay suficientes bomberos y no se han desplegado suficientes vehículos para combatir los incendios. Estas son las críticas que se lanzan mutuamente el Gobierno central, socialista, y el Partido Popular, la principal formación de la oposición, en el poder en cuatro de las seis regiones más afectadas por los devastadores incendios.
El Partido Popular imputa al Gobierno no haber tomado suficientes medidas preventivas, especialmente en lo que respecta al número de bomberos. El poder central replica afirmando que este año ha aumentado en un 30 % el presupuesto para la prevención de incendios forestales, hasta alcanzar los 110 millones de euros.
Los socialistas, por su parte, acusan a los conservadores de no colaborar en la coordinación entre las regiones y el Estado central. Una cosa es segura: ninguna de las regiones afectadas, tanto las gobernadas por la derecha como por la izquierda, ha aplicado una ley del año pasado que obliga a aumentar los salarios de los bomberos.
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