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Estados Unidos.- Las redadas contra inmigrantes, ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump, no deberían haber tomado por sorpresa al gobierno de Claudia Sheinbaum, afirman dirigentes de organizaciones civiles que acusan a las autoridades mexicanas de haber hecho oídos sordos a sus advertencias y propuestas de apoyo legal a los compatriotas en ese país.
Las ONG recuerdan que desde 2022 presentaron al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador un plan para establecer una red de abogados que defendiera a los migrantes mexicanos.
No obstante, denuncian que la propuesta fue desestimada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejando a los connacionales sin respaldo legal frente a las deportaciones masivas que ya se preveían.
Donald Trump, por su parte, cumplió sus amenazas: sus redadas han generado temor en las comunidades latinas, forzando a muchas familias a cambiar su vida cotidiana y a afrontar trámites legales costosos para definir la custodia de sus hijos o el destino de su patrimonio en caso de deportación.
Según activistas, los abogados ahora cobran hasta 7 mil 500 dólares por representación, lo que deja a miles de indocumentados en la vulnerabilidad.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, acusó que el gobierno mexicano limitó su ayuda a números de contacto y mensajes de ánimo, pero sin recursos reales para la defensa legal.
“Nos dicen que somos héroes, que nos recibirán con los brazos abiertos, pero no hay apoyo económico para equipos legales que defiendan nuestros derechos”, señaló.
La falta de transparencia sobre el presupuesto asignado a la protección de migrantes mexicanos también ha generado malestar.
Legisladores como Aniceto Polanco exigen a Sheinbaum claridad sobre los recursos prometidos, al tiempo que resaltan que estados como California, bajo el gobierno de Gavin Newsom, ya han destinado decenas de millones de dólares para defender a la comunidad migrante ante las políticas de Trump.
Adicionalmente a la incertidumbre legal, líderes comunitarios advierten que la crisis migratoria está afectando la salud mental de los indocumentados.
Niños que han dejado de ir a la escuela y familias completas que viven con miedo a salir de casa son parte del panorama descrito por Sergio Aguirre, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, quien calificó la situación como “la pesadilla americana”.
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