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Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal Dominicano, los funcionarios deberán ser aún más cautelosos con sus acciones, ya que podrían enfrentar castigos severos, con penas que alcanzan los 20 años de prisión y multas millonarias.
La nueva legislación penaliza la coalición de funcionarios, la concusión, la tramitación de contratos sin cumplir los requisitos legales, el cohecho y el tráfico de influencias, tanto de manera pasiva como activa, la malversación de fondos y la obtención ilegal de beneficios económicos.
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Asimismo, el enriquecimiento ilícito, los conflictos de interés, la alteración de precios, la sobrevaluación ilegal, el peculado, la distracción de recursos realizada por terceros con la participación de funcionarios públicos y el pago irregular de contratos administrativos.
Según el artículo 285, que sanciona la corrupción, en su párrafo II, “cuando la suma o los valores involucrados en la infracción superen los mil salarios mínimos del sector público, se sancionará con diez a veinte años de prisión mayor y multa de diez a veinte veces la suma involucrada en la infracción, e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período de veinte a treinta años, contados a partir del cumplimiento de la condena”.
En los casos en que el funcionario o servidor público reciba, exija u ordene percibir algún tipo de comisión, contribución, valores o fondos, será castigado por incurrir en concusión con 5 a 10 años de prisión mayor y multa de hasta 10 y 20 veces el monto recibido.
Aquellos que obtengan ilegalmente beneficios económicos de una empresa u operación serán sancionados con 5 a 10 años de prisión y multa entre 10 y 20 veces la suma recibida.
Mientras tanto, aquellos que durante el ejercicio de sus funciones o después de haber cesado en el cargo no justifiquen la procedencia de su enriquecimiento patrimonial ni el origen lícito de los bienes a su nombre, serán considerados autores de enriquecimiento ilícito y sancionados con 5 a 10 años de prisión mayor y multa de entre 4 y 10 veces el valor.
El nuevo Código Penal aborda de manera prominente el tema de la corrupción e impone castigos a los funcionarios o servidores públicos que, aprovechándose de su posición, obtengan para sí o para terceros beneficios económicos, o utilicen los bienes del Estado para provecho particular o privado.
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