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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) embistió este jueves contra el Ministerio Público, al aseverar que la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que absolvió a varios de sus dirigentes en el caso Operación Antipulpo, confirma la falta de objetividad y el uso político del órgano acusador durante todo el proceso judicial.
El tribunal dictó condenas contra varios de los acusados, incluyendo siete años de prisión para Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y descargó a otros imputados como Magalys Medina Sánchez, también hermana del exmandatario y Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
En respuesta, el PLD salió en defensa de sus dirigentes absueltos, sin embargo, no se refirió a los implicados que sí fueron hallados culpables por corrupción.
En un comunicado emitido este jueves, el PLD sostuvo que la sentencia, que también descargó a Magalys Medina Sánchez, evidencia que el Ministerio Público actuó “con falta de objetividad, imparcialidad y con ensañamiento”, utilizando el caso para “construir una narrativa política” en contra del partido.
“El órgano acusador desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política, amplificada por algunos medios de comunicación”, señaló el PLD.
Agregó que “la justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”.
Pese a que el Ministerio Público cuestionó los descargos y anunció una apelación inmediata contra la absolución de Magalys Medina y Fernando Rosa, el PLD centró su pronunciamiento únicamente en criticar el proceso, sin ofrecer postura alguna sobre los sentenciados o las pruebas que el tribunal sí consideró válidas para emitir condenas.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución (Pepca), calificó los descargos como producto de una “incorrecta apreciación de las pruebas” por parte del tribunal y lamentó que “la corrupción fue admitida por las propias juezas”, pero aún así algunas figuras fueron absueltas.
“No se puede permitir una justicia a medias”, advirtió.
El PLD, no obstante, interpretó la sentencia como una prueba de que nunca existió la “estructura criminal” que se le atribuyó durante años y reiteró su denuncia de un supuesto uso del Ministerio Público como herramienta de persecución política, en un caso que, según afirma, “se armó para dar la apariencia de una red criminal inexistente”.
En su declaración, el partido morado señaló que el proceso judicial fue utilizado para fines de descrédito, en violación al debido proceso, y consideró que se trató de un ejemplo de *lawfare*, o judicialización de la política.
“No fue un proceso judicial serio, sino una estrategia de manipulación desde el poder político”, expresó.
Por último, el PLD advirtió que estas prácticas afectan la confianza ciudadana en las instituciones, debilitan la democracia y distorsionan la lucha legítima contra la corrupción.
Reafirmó su compromiso con la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y anunció que se mantendrá vigilante frente a cualquier intento de “criminalizar la acción política legítima”.
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