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“Justicia Abierta no es una frase hecha ni una tendencia pasajera”, es una transformación a nivel cultural e institucional que se basa en cuatro pilares fundamentales: una política social de primera línea en un contexto regional que no podemos ignorar, dado que presenta retos inéditos y amenazas que ejercen presión sobre el Estado de derecho y la independencia de la justicia. Así lo expuso ayer el coordinador ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), Alvaro Hierro, en la inauguración de la primera conferencia internacional sobre el tema, celebrada en el país, acto encabezado por el presidente de la República Luis Abinader y el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina. Hierro enfatizó la necesidad de fortalecer un ecosistema regional y global de justicia abierta para recuperar la confianza en el Poder Judicial, la cual, según datos de Latinobarómetro de 2024, se mantiene estable y baja en América Latina y el Caribe, con un promedio del 28 %. “Sus encuestas nos recuerdan que abrir la justicia con datos, lenguaje claro, integridad y participación ciudadana es un requisito esencial para reconstruir su legitimidad social”, manifestó. Añadió que un segundo dato relevante es el del World Justice Project, que estima que a nivel global, alrededor de 5,000 millones de personas tienen necesidades jurídicas; que el 49 % de la población ha afrontado un problema legal en los últimos dos años, y que al menos un tercio buscó asesoramiento. Además, que 1,400 millones de personas no logran satisfacer sus necesidades cotidianas de justicia civil o administrativa. En cuanto a los desafíos y amenazas que, según Hierro, presionan el Estado de derecho y la independencia judicial, citó el crecimiento del crimen organizado internacional, las economías ilícitas, el impacto desigual del cambio climático y la erosión democrática producto de la desinformación, las “noticias falsas” y la polarización. Indicó que ahí radica la urgencia de la agenda que se está desarrollando en el país, donde las instituciones judiciales abiertas, transparentes, accesibles y legítimas no son un lujo, sino un recurso estratégico para fortalecer nuestras democracias y un escudo para proteger la independencia judicial. “Hoy nos reunimos aquí más de 500 personas de poderes judiciales, ministerios públicos, defensorías, organismos internacionales, universidades y, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, porque nadie transforma la justicia solo; esta convergencia es un mensaje en sí misma: necesitamos alianzas sólidas, cooperación técnica, confianza y objetivos comunes”, destacó Hierro. En nombre de la RIJA, agradeció al presidente de la República y al del Poder Judicial por abrir las puertas del país y de las instituciones judiciales. Para el presidente del PJ, República Dominicana vive un momento histórico al ser sede de la primera conferencia internacional de RIJA, donde, además de compartir experiencias con representantes judiciales de los 21 países participantes, se firmará la “Declaración de Santo Domingo por la Justicia Abierta”, que sella el compromiso colectivo con la transformación de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. El magistrado Molina resaltó los avances en la materia impulsados por el PJ en el país, mencionando la Juriteca, que facilita el acceso libre y organizado al conocimiento jurídico dominicano; el Observatorio Judicial y el Tablero de Transparencia, que promueven una justicia basada en datos abiertos y evidencia. “El país ha avanzado con determinación en la agenda de Estado Abierto gracias al apoyo del Poder Ejecutivo, el compromiso de múltiples instituciones y el diálogo abierto con la sociedad civil y la comunidad internacional, y en este contexto, reafirmamos nuestro papel como aliado estratégico de la apertura institucional, convencidos de que un Estado democrático solo puede sostenerse sobre instituciones que rindan cuentas y gocen de la confianza ciudadana”, señaló. La Primera Conferencia Internacional Justicia Abierta se celebrará hasta hoy en el Hotel El Embajador, en la capital, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia y Venezuela. Entre los invitados al acto inaugural se encontraban los presidentes de los tribunales Constitucional y Superior Electoral, el director de la Defensoría Pública, legisladores, jueces y representantes de la sociedad civil, incluida Finjus.
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