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En el caso Calamar, por la supuesta estafa al Estado dominicano, están los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal de varios querellantes que interpusieron acusaciones particulares contra los acusados en el caso Calamar, por la supuesta estafa al Estado dominicano, donde figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados con los poderes correspondientes y fijó la lectura completa de la decisión para el 25 de agosto.
Según el abogado Carlos Escalante, representante de Ángel Lockward, se archivaron tres casos que involucraban a más de noventa querellantes, sumando un total de unos 262 querellantes que presentaron acciones particulares a la acusación presentada por el ministerio público.
“La decisión se tomó porque las acciones penales fueron “mal promovidas”, declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.
Asimismo, la jueza decretó el desistimiento tácito, según el artículo 134 del Código Procesal Penal, al no presentarse, ni presentar querellantes ni poder especial los representados por el abogado Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, dos abogados que habían solicitado varios aplazamientos, incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.
El tribunal también ordenó el desglose de dos querellados que se encuentran en grave estado de salud: Andrés Moya, de 86 años, que padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.
Escalante afirmó que habían planteado varias inadmisibilidades, ya que los querellantes no tenían derechos registrados en la parcela objeto de pago por parte del Estado y que además esos querellantes nunca firmaron contratos con el Estado, por lo que no pudieron ser “engañados por nadie”.
Manifestó que la audiencia se centró en cuestiones de la técnica procesal seguida inicialmente por él y respaldada por Carlos Balcácer, las demás defensas apoyaron diversos planteamientos que pudieron ser refutados por la nutrida defensa de los querellantes.
La querella particular incluye a Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernández de Paola, Andrés Guerrero, Belkis Antonia Tejada Martínez, Bethania Altagracias Rivas Martínez, tercero civilmente demandado, BXT Dominicana, Emir José Fernández de Paola, Enilda Ortiz Rodríguez, Eylin Arisbel Bautista Pérez, Félix Benjamín Lima Castillo, Grupo Amerinova, Grupo Bibefe.
También Humberto Alberto Santana Díaz, José Agustín Mota Núñez, Juana Lidia Cedano, Luis Antonio Peguero Cabrera, Merydo de Jesús Torres Espinal, Natalia Cesarina Beltré, Óscar Ramón Ortiz de la Rosa, Pedro María de la Altagracia Veras, Prominex Multiservicios, Rafael Antonio del Rosario Castro, entre otros.
Cabe destacar que esa misma jueza conoce el juicio preliminar seguido contra los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados en el sonado caso.
Entre los acusados también están Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política de 2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca en el tribunal establecer las responsabilidades de los implicados en la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.
