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CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo caso viral ha reavivado la discusión sobre el uso incorrecto de las herramientas legales contra la violencia de género. En un video filmado en la Alameda Central, una mujer identificada como feminista acusó sin base a un hombre mayor de acoso para que se marchara de una banca, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales y activistas.
El hombre, que estaba sentado tranquilamente, se retiró del sitio tras ser amenazado con ser denunciado. Luego, la mujer ocupó el espacio para poner objetos para la venta, sin darse cuenta de que toda la escena había sido grabada. El video circuló ampliamente y se sumó a una serie de casos recientes donde presuntamente se han fingido agresiones con fines personales.
La Red de Acción Feminista reaccionó con firmeza y alertó sobre los peligros que conllevan este tipo de acciones para la credibilidad de las verdaderas víctimas.
“Los recientes casos mediáticos, identificados como LadyUber, LadyLomas y LadyViolación, demuestran intentos de usar de manera incorrecta las denuncias de acoso y violencia de género. Estas acciones, además de perjudicar la vida de personas inocentes, afectan la legitimidad de quienes verdaderamente necesitan protección y justicia”, expuso Mariana Estrada López, vocera de la organización.
Estos hechos, ampliamente difundidos en redes sociales, han puesto en la mira los abusos del marco legal feminista, cuya intención original es proteger a las mujeres de agresiones reales.
El Artículo 247 del Código Penal Federal establece que la simulación de hechos o la presentación de denuncias falsas puede castigarse con penas de hasta ocho años de prisión. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos advierten que la impunidad en estos casos suele ser alta, lo que puede fomentar su repetición.
Ante esta tendencia, la Red de Acción Feminista insistió en que el movimiento no debe verse afectado por casos aislados de manipulación. Reiteraron que la lucha contra la violencia de género debe basarse en la verdad, el respeto y la responsabilidad.
“El uso indebido de la ley no solo pone en riesgo a personas inocentes, sino que socava la confianza pública en las instituciones y debilita las conquistas de años de activismo feminista”, subrayó Estrada López.
Organizaciones como Red de Acción Feminista y colectivos de derechos humanos han demandado al Congreso y a la Fiscalía General de la República establecer protocolos claros para diferenciar las denuncias auténticas de aquellas motivadas por intereses particulares.
