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Finjus alertó sobre las notables falencias de la ley, dado que se “sacrificaron derechos, junto con errores que colisionan con los principios de la Constitución de la República”.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó su inquietud por el contenido del nuevo Código Penal, Ley 74-25, aunque celebró su aprobación y promulgación como un paso esencial para afrontar los desafíos del país.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la ley presenta importantes deficiencias, ya que se “sacrificaron derechos, sumado a errores que están en choque con principios de la Constitución de la República”.
Castaños Guzmán reconoció que la sociedad dominicana ha demandado por décadas un Código Penal actualizado para abordar la criminalidad, la corrupción y la ciberdelincuencia.
A su parecer, esta nueva ley permitirá al sistema de justicia penal avanzar hacia políticas modernas de seguridad y castigo.
Asimismo, afirmó que el nuevo Código Penal incorpora principios y normas que buscan cumplir el mandato constitucional de combatir la criminalidad y fomentar la convivencia pacífica.
En este sentido, reiteró su compromiso de colaborar con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública para dar a conocer los avances de la nueva normativa.
Finjus concordó con la opinión del presidente Luis Abinader y otros sectores sociales en que el Código Penal es una pieza susceptible de mejora.
Por lo tanto, sostuvo que la institución propone que el período de vacatio legis (el tiempo que transcurre entre la publicación de la ley y su entrada en vigor) se utilice para identificar las insuficiencias y omisiones que deben ser superadas lo antes posible.
Él mismo dijo que la fundación se ha propuesto realizar, en el corto plazo, estudios y análisis exhaustivos para proponer las enmiendas necesarias a la Ley 74-25.
Además, exhortó a la comunidad jurídica, las facultades de derecho de las universidades, el empresariado y la sociedad civil a que también hagan sus aportes. El objetivo, según Castaños Guzmán, es lograr un nuevo Código Penal que sea “coherente con el ordenamiento jurídico, democrático y constitucional de la República Dominicana”.
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