Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
MIAMI (AP) — Un juez federal escuchará el miércoles los argumentos en una demanda que busca detener la construcción de un centro de detención de inmigrantes en Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, por no cumplir con las leyes ambientales estatales.
Hasta que se cumplan dichas leyes, los grupos ecologistas y la tribu Miccosukee indicaron que la jueza federal Kathleen Williams debería emitir una orden judicial preliminar para suspender las operaciones y nuevas construcciones. La demanda alega que el proyecto amenaza humedales muy delicados en los Everglades, hogar de flora y fauna protegida, y desperdiciará miles de millones de dólares en restauración ambiental.
La demanda, presentada en Miami contra las autoridades federales y estatales, es una de dos impugnaciones legales contra el centro de detención del sur de Florida, que fue construido hace más de un mes por el estado en una pista de aterrizaje propiedad del condado de Miami-Dade.
Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron una segunda demanda, alegando que se violan los derechos constitucionales de los detenidos al prohibirles reunirse con abogados, mantenerlos detenidos sin cargos y cancelar las audiencias de fianza por parte de un tribunal federal de inmigración. Una audiencia en ese caso está programada para el 18 de agosto.
Según una ley ambiental federal de hace 55 años, las agencias federales debieron analizar cómo la construcción del centro de detención afectaría al medio ambiente, identificar formas de minimizar el impacto y seguir otras reglas procesales, como permitir comentarios públicos, según los grupos ecologistas y la tribu.
No importa que el centro de detención haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración, afirma la demanda.
“La construcción de un centro de detención es una acción que, por necesidad, está sujeta al control y responsabilidad federal”, se dijo en un reciente documento judicial. “El estado de Florida no tiene autoridad ni jurisdicción para la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Los abogados de las agencias federales y estatales pidieron la semana pasada a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, argumentando que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Aunque el lugar es propiedad del condado de Miami-Dade, la denuncia no corresponde al distrito sur de Florida, ya que el centro de detención está ubicado en el condado de Collier, colindante, que forma parte del distrito medio del estado, aseguró el gobierno.
Williams aún no ha tomado una decisión al respecto.
Las demandas se producen mientras la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, al parecer se prepara para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en una instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional en el norte del estado. Al menos un contrato ha sido adjudicado para lo que aparece en los registros estatales como “Instalación de Detención Norte”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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