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ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Funcionarios federales y estatales de Florida deberán presentar los acuerdos que muestren qué entidad gubernamental o contratista privado tiene la facultad legal de detener individuos o desempeñar funciones de agentes de inmigración en “Alcatraz de los Caimanes”, la instalación de detención de inmigrantes en los Everglades, indicó un juez federal el lunes.
Los funcionarios deberán entregar a más tardar el jueves todos los acuerdos y contratos por escrito que demuestren quién tiene la custodia legal sobre los cientos de personas detenidas en la instalación — la cual se construyó con urgencia hace más de un mes en una pista de aterrizaje aislada en los Everglades del sur de Florida — , informó el juez federal Rodolfo Ruiz, designado por el presidente Donald Trump.
La orden de Ruiz forma parte de una demanda por derechos civiles presentada por abogados de inmigración contra los gobiernos estatal y federal, donde se argumenta una violación a los derechos constitucionales de los detenidos en la instalación, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, están siendo retenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza.
Determinar quién tiene autoridad sobre el centro de detención ha sido un tema confuso desde que la instalación comenzó a operar a principios de julio.
El gobierno federal y el gobierno de Florida habían solicitado que cualquier divulgación se limitara a los acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y tres agencias de Florida: la Patrulla de Caminos de Florida, la Guardia Nacional de Florida y el Departamento de Seguridad de Florida.
Los abogados de los detenidos habían pedido documentos que demostraran quién era responsable de los procedimientos de deportación, así como información sobre el número de empleados en la instalación, pero Ruiz dijo que esas solicitudes eran demasiado amplias.
La demanda es la segunda en impugnar la operación del “Alcatraz de los Caimanes”. Grupos ambientalistas han denunciado a funcionarios federales y estatales, pidiendo que se detenga el proyecto porque el proceso no se apegó a las leyes ambientales estatales y federales. Una audiencia sobre esa demanda está programada para el miércoles.
Por otra parte, la Arquidiócesis de Miami informó que el sábado se celebró la primera misa en el centro de detención, después de varias semanas de negociaciones.
“Me complace que nuestra solicitud para proporcionar atención pastoral a los detenidos haya sido atendida”, declaró el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, en un comunicado el lunes.
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Kate Payne en Tallahassee, Florida, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
