Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Una jueza analizaba el viernes una petición del gobierno del presidente Donald Trump para dar por terminada una política de larga data sobre la protección de menores inmigrantes bajo custodia federal que, según la administración, frena sus medidas más estrictas contra la inmigración.
En una audiencia, el gobierno solicitó a la jueza federal de distrito, Dolly Gee de Los Ángeles, la anulación de la política que limita el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) puede retener a niños inmigrantes y obliga a que se les mantenga en condiciones seguras e higiénicas.
Gee, quien supervisa lo que se conoce como el acuerdo Flores, expresó su escepticismo ante la solicitud del gobierno, aunque no emitió un fallo de inmediato. No se sabe cuán pronto emitirá su decisión.
La jueza apremió al abogado del gobierno, Joshua McCroskey, preguntándole por qué el gobierno de Trump retenía a niños en la frontera por más de las 72 horas establecidas en el acuerdo, cuando los arrestos en la frontera han alcanzado mínimos históricos. Señaló que, al parecer, las condiciones deberían estar mejorando, pero “están deteriorándose”.
“Parece contradictorio que eso suceda, a menos que sea intencional”, dijo Gee, nominada al tribunal por el expresidente Barack Obama.
McCroskey dijo que algunos niños son retenidos por más tiempo porque Trump, como parte de sus medidas restrictivas, canceló la política del gobierno del expresidente Joe Biden que permitía liberaciones rápidas de inmigrantes. McCroskey también indicó los problemas de logística derivados del cierre de instalaciones temporales establecidas en la administración anterior para manejar el flujo de inmigrantes.
En mayo, la CBP retuvo a 46 niños durante más de una semana, entre ellos, seis menores que estuvieron retenidos por más de dos semanas y cuatro niños que lo estuvieron durante 19 días, según datos revelados en un documento judicial. En marzo y abril, la CPB informó que retuvo a 213 niños bajo custodia por más de 72 horas. Entre ellos había 14 menores, incluso niños pequeños, que fueron retenidos por más de 20 días en abril.
Defensores de los menores inmigrantes pidieron a la jueza que mantuviera las protecciones y la supervisión y presentaron relatos de inmigrantes en centros de detención familiar en Texas en los que se describía a adultos peleando por el agua limpia con menores, niños pequeños abatidos y un niño con los pies hinchados a quien se le negó un examen médico. Los defensores también quieren que la jueza amplíe la supervisión independiente.
“He conocido a niños que han pasado días en celdas de cárcel con poco más que fideos ramen para comer, luces encendidas día y noche, sin luz solar ni acceso al mundo exterior y la humillación de usar el baño frente a los guardias. Encima de ese trauma, ¿ser trasladados a un centro de detención familiar y encerrados sin un final a la vista? Es verdaderamente vergonzoso”, dijo en una entrevista después de la audiencia Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights.
El acuerdo Flores, nombrado en honor a un demandante adolescente, fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representaban los derechos de los niños inmigrantes y el gobierno de Estados Unidos sobre denuncias generalizadas de malos tratos presentadas en la década de 1980. Dicho acuerdo regula las condiciones para todos los menores inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos, incluidos aquellos que viajan solos o con sus padres.
En su petición escrita, el gobierno de Trump dijo que ha realizado cambios sustanciales desde que el acuerdo se formalizó en 1997, creando estándares y políticas que rigen la custodia de menores inmigrantes que se ajustan a la legislación y al acuerdo.
El gobierno busca expandir el espacio de detención de inmigrantes, incluso construyendo más centros como el de Florida apodado “Alcatraz de los caimanes”, donde, según una demanda, se violan los derechos constitucionales de los detenidos. En el tribunal, Tiberius Davis, abogado del gobierno, reconoció que el acuerdo obstaculiza los esfuerzos de la administración, a pesar de que el proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump proporcionó miles de millones de dólares para construir nuevas instalaciones de inmigración.
Davis dijo que el proyecto de ley le da al gobierno la potestad para mantener a las familias en detención indefinidamente. “Pero actualmente, en virtud del acuerdo de conciliación Flores, eso es esencialmente nulo”, dijo.
El gobierno de Biden consiguió impulsar el fin parcial del acuerdo el año pasado. Gee dictaminó que la supervisión especial del tribunal puede terminar cuando los niños son transferidos de la custodia de la CBP al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero hizo excepciones para ciertos tipos de instalaciones para niños con necesidades más acuciantes.
